A través de una carta firmada por su vocero, la megabanda venezolana propone participar en esquemas de prevención, reinserción y desarme dentro de la política de “Paz Total”.

La petición de diálogo: contenido y contexto

La organización criminal conocida como Tren de Aragua, con orígenes carcelarios en Venezuela y expansión transnacional, ha declarado públicamente su intención de integrarse al esquema de paz estatal colombiano. En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, al ministro de Justicia y al alto comisionado para la paz, el vocero Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, plantea que el grupo podría colaborar en “mesas de diálogo institucionales, programas de formación sociolaboral y campañas preventivas”.

El documento aclara que no busca impunidad ni frenar procesos judiciales ni extradiciones, sino aportar a la prevención de la violencia, la reinserción de miembros y la desarticulación de redes criminales que operan en zonas vulnerables. Al mismo tiempo, realiza una lectura política: el Tren de Aragua retoma discursos del Presidente en la ONU, en los cuales se refirió a la organización como una banda criminal y no como un actor terrorista.

Este anuncio coincide con la estrategia oficial del Gobierno de impulsar la política llamada “Paz Total”, que busca extender mecanismos de diálogo más allá de los grupos armados convencionales hacia actores criminales.

Dificultades legales y riesgos institucionales

La solicitud enfrenta múltiples obstáculos jurídicos. El Tren de Aragua es considerado una organización transnacional criminal con acciones de tráfico de drogas, extorsión, secuestros y homicidios en varias naciones. Por otro lado, su carácter global podría dificultar el marco legal colombiano de negociación con actores no estatales.

Otra tensión radica en la legitimidad del interlocutor. Larry Changa está detenido en la cárcel La Picota y tiene procesos de extradición hacia Chile. Su condición de interno genera desconfianza sobre la representatividad real de la organización.

Asimismo, críticos advierten que abrir una mesa con el Tren de Aragua podría perjudicar la credibilidad del Estado: dar espacio de negociación a organizaciones con historial de violencia puede aparecer como debilidad o condescendencia. Además, grupos víctimas e instituciones judiciales podrían ver en este gesto una interferencia o desbalance en el sistema penal.

Por último, el momento político es sensible: próximas elecciones, debates sobre seguridad y crimen organizado, y una opinión pública exigente vigilan cada paso del Ejecutivo.

Escenarios posibles y consecuencias políticas

Si el Gobierno acepta su propuesta, el Tren de Aragua podría ser incorporado en las negociaciones institucionales bajo supervisión técnica y judicial, sujeto a controles estrictos de rendición de cuentas y sometimiento a la justicia. Podría representarse como una medida de corto plazo para disminuir violencia en zonas con presencia criminal fuerte.

Alternativamente, el Gobierno podría rechazar la solicitud por su alto riesgo simbólico y legal, lo que probablemente desembocaría en una batalla discursiva sobre la coherencia de la política de paz. Si rechazado, el Tren de Aragua podría acusar al Estado de hipócrita, argumentando cercanía discursiva en encuentros como el de la ONU.

Un tercer escenario es que se abra una fase exploratoria de diálogo limitado o supervisado por instancias internacionales, sin comprometer plenos beneficios ni inmunidades. Cualquiera que sea la decisión, la iniciativa del Tren de Aragua redefine el alcance de lo que el Estado considera negociable y pone a prueba los límites del diálogo institucional con actores organizados no estatales. Colombia podría marcar un precedente en América Latina si logra incorporar a redes criminales desafiantes con condiciones que no socaven la legalidad.