El conductor de un taxi embistió a un grupo de peatones en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá; fue capturado tras la prueba de alcoholemia y enfrenta cargos por homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas agravadas.

Los hechos y la captura del conductor

En la noche del sábado 8 de noviembre de 2025, alrededor de las 7:39 p.m., un vehículo tipo taxi, de placas VDW626, colisionó con un grupo de peatones en la calle 47 Sur con carrera 6, barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Según la versión oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá y los informes preliminares, el conductor perdió el control del vehículo mientras descendía por la pendiente, invadió el andén y terminó impactando a al menos once personas, entre ellas menores de edad.

La prueba de alcoholemia evidenció un grado de embriaguez de nivel II, lo que llevó a la captura en flagrancia del conductor identificado como José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación pocas horas después del accidente.

Tras los primeros auxilios, dos menores entre los afectados presentan muerte cerebral, lo que agrava la percepción de impunidad por un hecho de esta naturaleza. Las autoridades advirtieron que se trata de uno de los siniestros más graves ocurridos recientemente en la ciudad relacionados con conducción bajo efectos del alcohol.

Imputación de cargos y situación judicial del taxista

El lunes 10 de noviembre de 2025, durante la audiencia realizada en el Juzgado 45 de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía imputó al conductor los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas agravadas. El implicado aceptó los cargos presentados por el ente acusador.

El juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando que la gravedad del accidente y la condición de embriaguez del conductor representan riesgo para la comunidad y la continuidad del proceso judicial.

En términos normativos, investigadores señalan que la pena por homicidio agravado en grado de tentativa puede oscilar entre 16 y 37 años de prisión, dependiendo de los agravantes, como la indefensión de las víctimas o la participación de menores.

Los antecedentes revisados por la Secretaría Distrital de Movilidad indican que el taxi involucrado tenía al menos dos comparendos activos: uno por velocidad excesiva y otro por recoger pasajeros en zonas no autorizadas. Estos antecedentes destacan un patrón de riesgo previo al siniestro.

Repercusión institucional y medidas a seguir

El siniestro ha generado un fuerte impacto en la opinión pública local y ha motivado pronunciamientos de las autoridades de movilidad, salud y justicia de Bogotá. En su comunicado, la Policía Metropolitana enfatizó que este tipo de hechos requieren sanciones ejemplares y políticas preventivas para reducir las conductas de riesgo en la vía pública.

Desde el sector salud, los centros hospitalarios informaron el traslado y atención de las once personas heridas, entre ellas menores de cuatro meses y de 15 años, algunos en condición crítica en unidades de neurotrauma. Las familias exigieron justicia y expresaron su indignación ante lo ocurrido.

En el ámbito político y judicial, el caso abre la discusión sobre la eficacia de los filtros para conductores de servicio público, la vigilancia del estado de embriaguez y el fortalecimiento de controles de tránsito en zonas vulnerables. La Fiscalía anunció que mantendrá abierta la investigación para determinar si hubo negligencia agravada, sin perjuicio de que el conductor ya aceptó los cargos. A su vez, la Secretaría Distrital de Movilidad revisará el historial del taxi implicado y los procesos de sanción previos. Finalmente, las autoridades instaron a los ciudadanos a extremar la prudencia: el consumo de alcohol al conducir ha sido señalado una y otra vez como factor determinante en siniestros viales con consecuencias severas. Este suceso refuerza la necesidad de políticas integrales que combinen vigilancia, sanciones y prevención social.