El proyecto de decreto que equipara la retención en la fuente para pagos electrónicos a la tasa de 1,5 % pone en riesgo la economía digital emergente y eleva costos para las fintech y pequeños comerciantes.

¿Qué propone el decreto y por qué plantea inquietudes?

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia presentó un proyecto de decreto que ampliaría la aplicación de la retención en la fuente del 1,5 % a los pagos realizados a través de billeteras digitales y plataformas como Bre‑B. Hasta ahora, esos medios digitales estaban exentos o aplicaban un trato distinto frente a pagos con tarjeta de crédito o débito. El decreto modificaría artículos del Decreto 1625 de 2016, entre ellos los numerales 1.3.2.1.2, 1.3.2.1.7 y 1.3.2.1.8, para igualar el régimen de retención tributaria entre tarjetas tradicionales y pagos electrónicos.

La cartera argumenta que la medida busca “corregir el tratamiento dispar en la tarifa de retención en la fuente entre los pagos realizados con tarjetas de crédito o débito y los pagos mediante instrumentos electrónicos”. Sin embargo, para muchos expertos representa una carga adicional que puede encarecer el uso de herramientas digitales, disminuir el incentivo para innovar en el sector fintech y trasladar costos al consumidor final.

Impacto sobre billeteras digitales, micronegocios y economía emergente

La medida tiene implicaciones directas para plataformas emergentes y micronegocios que utilizan billeteras digitales como medio de pago. Por ejemplo, Bre-B, lanzada recientemente para ampliar la oferta de pagos interoperables, podría ver reducido su atractivo si los usuarios deben asumir una retención adicional del 1,5 %.

Para los micronegocios, esta retención significa un aumento en el costo de operación justo cuando el comercio digital es clave para su crecimiento. Los usuarios finales podrían optar por retornar a pagos en efectivo o a medios sin retención, lo que retrasa la inclusión financiera. Además, los agregadores y adquirentes —compañías que procesan pagos digitales— verán que la obligación de practicar la retención según el decreto recaerá sobre ellos.

En resumen, la decisión del gobierno puede generar una paradoja: mientras se promueve la digitalización financiera, se impone una barrera tributaria que podría frenar ese avance y afectar competitividad, innovación y equidad entre medios de pago.

Crítica y urgencia de un análisis integral

Desde una perspectiva crítica, el proyecto entraña tres grandes riesgos: primero, invisibilizar los beneficios de pagos electrónicos al homologarlos con tarjetas tradicionales; segundo, someter a menores márgenes de ganancia a empresas innovadoras; y tercero, trasladar la retención al consumidor sin considerar su capacidad de pago.

El decreto ignora que la digitalización financiera debe apoyarse con incentivos, no penalizaciones. Si bien la equidad tributaria es valiosa, el momento y la forma deben atender al ecosistema de innovación. Las fintech y billeteras digitales están en fase de consolidación, e imponer una retención generalizada de 1,5 % puede ser un freno.

Para países en desarrollo como Colombia, estimular pagos digitales implica políticas que reduzcan costo, fomenten confianza e incentiven acceso. Este decreto parece ir en dirección contraria. El gobierno, los gremios fintech y los pequeños comerciantes deben emprender un diálogo público-privado, evaluar las consecuencias económicas y ajustar la medida antes de formalizarla.