El ministro de Justicia y del Derecho presentó su renuncia irrevocable al presidente Gustavo Petro, alegando diferencias en la orientación de las reformas judiciales y presiones externas que, según afirmó, comprometían la independencia de su gestión.

Una dimisión que sacude al Gobierno

Eduardo Montealegre, ministro de Justicia y del Derecho, presentó este 27 de octubre de 2025 su renuncia formal al cargo, apenas un año después de haber asumido la cartera. La decisión, confirmada por fuentes de la Casa de Nariño y posteriormente ratificada por el propio exministro a través de una breve declaración pública, tomó por sorpresa al entorno político y jurídico del país.

Montealegre, reconocido por su trayectoria como exfiscal general de la Nación y académico, habría sostenido profundas diferencias con el presidente Gustavo Petro sobre el rumbo de las reformas al sistema judicial, en especial las relacionadas con la autonomía de la Fiscalía y la implementación del nuevo Código Penal.

En su carta de renuncia, Montealegre subrayó que “la independencia judicial no puede ser objeto de negociación política” y que su decisión responde a la necesidad de “mantener coherencia con los principios que han guiado mi vida profesional”. El mandatario, por su parte, agradeció su “aporte a la modernización institucional del país” y anunció que el Gobierno nombrará en los próximos días a un reemplazo “que garantice la continuidad del proceso de reforma judicial”.

Reformas truncadas y tensiones en el gabinete

Durante su gestión, Montealegre impulsó una ambiciosa agenda de transformación de la justicia, enfocada en la digitalización de procesos, la ampliación del acceso ciudadano y la depuración del sistema penitenciario. Sin embargo, varios de estos proyectos encontraron resistencia tanto dentro del Congreso como en sectores del propio Ejecutivo.

Las diferencias se agudizaron tras la controversia sobre la propuesta de crear una “jurisdicción para la justicia restaurativa” en casos de corrupción, una iniciativa que fue duramente criticada por la oposición y frenada por el Consejo de Estado. A esto se sumaron tensiones con el Ministerio del Interior por la distribución presupuestal de las reformas judiciales, situación que habría precipitado su salida.

Analistas consultados señalan que la renuncia de Montealegre podría afectar la estabilidad política del gabinete y retrasar la tramitación de proyectos estratégicos en materia de justicia transicional y acceso a la justicia rural.

Reacciones y posibles escenarios

El anuncio provocó reacciones inmediatas en el ámbito político. Voceros del Pacto Histórico expresaron su respaldo a las políticas del Gobierno, mientras que figuras de la oposición celebraron la salida del ministro, calificándola como “una consecuencia de la falta de coherencia institucional”.

Desde el sector judicial, asociaciones de jueces y fiscales lamentaron la renuncia, destacando el papel del exministro en la defensa de la autonomía judicial y la modernización del sistema penal. Por su parte, la Presidencia confirmó que el nombre del nuevo titular de la cartera será anunciado tras una reunión del Consejo de Ministros.

En medio de la incertidumbre, el país enfrenta ahora un nuevo capítulo de ajustes políticos, en un contexto donde las tensiones entre independencia judicial y poder ejecutivo vuelven a ocupar el centro del debate nacional.