El Ejecutivo presentó la Política Nacional de Salud Mental 2025-2034, respaldada por una inversión de 150 millones de dólares, para garantizar atención integral, continua y sin barreras en todo el territorio colombiano.
Definición, alcance y objetivos de la política
El Decreto 0729 de 2025 adopta formalmente la Política Nacional de Salud Mental 2025‑2034, cuyo diseño busca redefinir el modelo de atención en salud mental, promoviendo un enfoque territorial, diferencial y centrado en la comunidad.
El Ministerio de Salud y Protección Social informó que la iniciativa estará respaldada por una inversión estimada de 150 millones de dólares, y su implementación cubrirá un periodo de cuatro años inicialmente como fase de despliegue nacional.
Entre los ejes estratégicos figuran: la creación de una red de referencia nacional con 39 centros regionales y un centro nacional de salud mental, transporte sanitario especializado en salud mental, formación del talento humano y despliegue en zonas con alta vulnerabilidad.
Innovaciones metodológicas y compromisos territoriales
Esta política rompe con modelos centrados únicamente en la atención clínica, y apuesta por un enfoque biopsicosocial, que reconoce factores sociales, culturales, educativos y ambientales como determinantes del bienestar mental.
El documento rector hace énfasis en la equidad territorial, señalando que el acceso a servicios de salud mental en zonas rurales, indígenas o víctimas del conflicto será prioridad. Además, se promueve la eliminación de barreras de atención, reforzamiento de la prevención y estrategias de promoción en comunidades.
El Gobierno también se comprometió a articular la nueva política con los servicios de urgencias y la atención primaria —por ejemplo, mediante equipos de salud mental integrados— y a coordinar con educación, deporte, cultura y demás sectores para generar entornos protectores.
Retos, expectativas y marco de seguimiento institucional
Para que esta política sea efectiva, deberá superar desafíos relevantes. Primero, la formación y distribución del talento humano en salud mental, especialmente en regiones alejadas, será clave. Segundo, la gestión efectiva del presupuesto de 150 millones de dólares exigirá transparencia y resultados medibles.
El observatorio institucional ligado al Ministerio deberá elaborar informes periódicos sobre avance, cobertura y brechas. La Ley 2460 de 2025 ya establece el marco normativo del derecho a la salud mental con enfoque comunitario e integral. Finalmente, la transición del anuncio a ejecución dependerá de la coordinación entre entidades nacionales, territoriales y comunidades. Si se concreta sinérgicamente, esta política podría marcar un punto de inflexión en la atención de la salud mental en Colombia, fortaleciendo la red de servicios, reduciendo la estigmatización y asegurando que cada persona encuentre soporte cuando lo requiera.
