El Gobierno nacional anunció una operación aérea y terrestre para “disolver militarmente” el frente comandado por Iván Mordisco en el departamento del Guaviare, en respuesta a su accionar narcoterrorista; la ofensiva marca un nuevo escalón en la estrategia de seguridad y deja interrogantes sobre derechos humanos y control institucional.
Contexto y mandato presidencial
La ofensiva del Gobierno nacional se dirige al frente delictivo al mando de Iván Mordisco en el departamento del Guaviare, un grupo asociado a narcotráfico, reclutamiento forzado y control de rutas en la selva amazónica. El presidente Petro lo anunció públicamente como “bombardeo y disolución militar” de la estructura.
El ministro de Defensa confirmó que se trata de una operación conjunta entre el Ejército y la Policía, concentrada en los municipios de Calamar y Miraflores, con apoyo aéreo en zonas de difícil acceso.
Este paso refuerza la línea del Gobierno de «seguridad con presencia estatal» en territorios donde las estructuras criminales ejercen control. Pero también plantea el reto de cómo operar sin vulnerar derechos fundamentales en zonas rurales habitadas por comunidades vulnerables.
Detalles operativos y cifra de bajas
Según información oficial recogida hasta el momento, la operación registrada desde la madrugada dejó como resultado más de 20 presuntos guerrilleros dados de baja dentro de la estructura de Iván Mordisco.
Si bien aún no se han ofrecido reportes detallados de capturas o heridos, el mencionado número refuerza que la ofensiva no es exclusivamente simbólica, sino de alto impacto. Medios como RTVC señalan la operación como “contundente” y en desarrollo. La cifra debe tomarse con precaución, ya que la zona selvática implica dificultades logísticas para confirmar identidades y verificación independiente.
Implicaciones institucionales, seguridad y derechos
La declaración presidencial y la ejecución de la ofensiva plantean desafíos institucionales. Primero, por la necesidad de garantizar que la operación respete los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en particular en zonas selváticas donde civiles y comunidades campesinas podrían verse afectados.
En segundo lugar, la acción militar elevada al nivel presidencial muestra un endurecimiento en la estrategia del Gobierno frente a las disidencias, lo cual genera expectativas y riesgos: ¿se tratará de una ofensiva limitada o de un cambio de paradigma?
Finalmente, desde el ámbito político y gubernamental, la operación puede ser interpretada como un mensaje de firmeza ante el crimen organizado, pero también puede suscitar cuestionamientos sobre proporcionalidad, transparencia operativo-institucional y apoyo civil en zonas vulnerables. El Ejecutivo deberá además garantizar que la ofensiva tenga acompañamiento social y un plan de posconflicto territorial para que la seguridad no sea solo militar sino también institucional.
En conclusión, la orden de bombardeo emitida por el presidente Petro contra la disidencia liderada por Iván Mordisco en el Guaviare representa un golpe simbólico y operativo en la política de seguridad nacional, pero su éxito dependerá tanto de los resultados tácticos como de la articulación con derechos humanos, comunidad y gobierno territorial.
