La representante Katherine Miranda anunció que impulsará una moción de censura contra el ministro de Defensa tras los recientes bombardeos militares en los que, según información oficial preliminar, murieron varios menores de edad. El llamado de la congresista reactiva el debate sobre la responsabilidad política en operaciones armadas y la protección de la población civil.

El anuncio en el Congreso y el recrudecimiento del debate público

La representante a la Cámara Katherine Miranda, integrante del Partido Alianza Verde, confirmó en las últimas horas que promoverá una moción de censura contra el ministro de Defensa, argumentando que los recientes bombardeos ejecutados por las Fuerzas Militares en zonas rurales del país derivaron en la muerte de varios menores de edad.

El caso, que ha sido reconocido por las autoridades a través de comunicados preliminares, corresponde a una operación aérea adelantada contra estructuras armadas ilegales en una zona donde también se encontraban menores reclutados forzosamente. El Ministerio de Defensa informó que la operación buscaba neutralizar campamentos utilizados por grupos armados para actividades ilícitas y que la investigación interna continúa para establecer con precisión la identidad y las circunstancias de las víctimas.

Miranda aseguró que la muerte de menores, incluso cuando se trata de adolescentes utilizados por organizaciones criminales en violación del Derecho Internacional Humanitario, configura un fallo grave de inteligencia y de planeación operacional, lo que en su criterio exige la responsabilidad política directa del titular de la cartera.

Argumentos de la representante y reacción institucional

Miranda sostuvo que las entidades del sector Defensa deben garantizar que toda operación militar cumpla las normas de protección de la población civil, tal como lo establecen el Derecho Internacional Humanitario y los protocolos adoptados por Colombia. Según la congresista, el país no puede normalizar que menores reclutados por organizaciones criminales terminen perdiendo la vida en bombardeos que pudieron planearse de manera distinta.

El Ministerio de Defensa ha señalado, en respuesta a las inquietudes del Congreso, que los menores reclutados por grupos armados se encuentran bajo protección jurídica internacional, pero que la presencia de estos en campamentos ilegales representa un desafío permanente para la fuerza pública. La institución reiteró que cada operación es sometida a análisis previos de riesgo y que se activaron los protocolos de verificación correspondientes.

No obstante, Miranda afirmó que la explicación oficial no es suficiente. Según ella, la reincidencia de casos en los que adolescentes resultan muertos en operaciones aéreas demuestra la necesidad de revisar los criterios de intervención. La representante insistió en que el Congreso tiene la obligación constitucional de examinar la responsabilidad política, especialmente cuando se trata de decisiones que involucran el uso letal de la fuerza.

La postura de Miranda generó reacciones divididas. Algunos congresistas señalaron que mientras los grupos armados sigan utilizando menores como escudos o como parte de su estructura, el Estado enfrenta una situación compleja. Otros respaldaron la moción, insistiendo en que el país no puede renunciar a estándares estrictos de protección.

El trámite de la moción y sus posibles implicaciones

La moción de censura anunciada deberá seguir el procedimiento previsto en la Constitución: presentación formal, citación al ministro de Defensa para responder a las inquietudes y votación posterior en la Cámara de Representantes. Para ser aprobada, se requiere mayoría absoluta de los miembros de la corporación.

Aunque el resultado es incierto, el debate reabre un tema que ha marcado discusiones anteriores sobre operaciones militares contra campamentos con presencia de menores reclutados. Este escenario obliga al Gobierno a demostrar la solidez de sus protocolos operacionales, así como el alcance de las investigaciones internas que buscan esclarecer las circunstancias de la operación reciente.

Para el Congreso, la moción representa una oportunidad de revisar la cadena de decisiones, la calidad de la información empleada y la coordinación entre las instituciones encargadas de garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes en zonas de conflicto. Si bien el país enfrenta una realidad compleja debido al uso sistemático de menores por parte de organizaciones ilegales, el control político busca asegurar que el Estado actúe con el máximo rigor posible para evitar nuevas tragedias.

El proceso, más allá del resultado, tendrá implicaciones políticas significativas: pondrá bajo escrutinio la estrategia de seguridad del Gobierno, abrirá un nuevo capítulo en el debate sobre el uso de bombardeos en zonas rurales y podría incidir en la relación entre el Ejecutivo y las bancadas que han solicitado revisar a fondo los estándares de operación militar.