En una decisión adoptada recientemente, el Consejo de Seguridad resolvió no extender el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia más allá del 31 de octubre de 2025, obligando a una transición en el apoyo internacional al proceso de paz colombiano.
La decisión y su contexto
El 30 de octubre de 2024 el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 2754 que extendió el mandato de la Misión de Verificación en Colombia hasta el 31 de octubre de 2025. En dicha resolución, el órgano se mostró dispuesto a continuar el mandato “sobre la base de un acuerdo entre las partes” pero no estableció una prórroga automática más allá de esa fecha.
Este ajuste implica que la misión internacional encargada de verificar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 —entre el Estado colombiano y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP)— deberá concluir o transformarse al vencimiento del mandato.
El contexto de la decisión se da en medio de informes que señalan una escalada de violencia en zonas rurales, baja presencia estatal en territorios de alta conflictividad y retos persistentes en la implementación de reformas clave, como la rural y la étnica.
Alcance, reformulación y responsabilidades compartidas
Con la fecha límite fijada, el Gobierno colombiano y la comunidad internacional deberán definir cuál será la siguiente fase de acompañamiento técnico y político al proceso de paz. La resolución invita a que las partes acuerden conjuntamente las condiciones de continuidad.
Entre los desafíos está asegurar que la transición no genere un vacío de verificación, especialmente en temas como seguridad de líderes sociales, implementación de la reforma rural y garantías para comunidades étnicas. Los informes recientes de la Misión de Verificación advierten sobre repuntes de violencia y presencia reducida del Estado.
El Gobierno colombiano deberá organizarse con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y otras agencias internacionales para diseñar un mecanismo que permita mantener la supervisión de la paz sin la configuración actual de la Misión.
Implicaciones para el proceso de paz y seguimiento institucional
La decisión conlleva varios efectos importantes. En primer lugar, marca una fase de mayor responsabilidad nacional para la verificación de los compromisos del Acuerdo de Paz. La salida de la misión implica que el Estado colombiano y sus instituciones asuman de manera más directa el seguimiento y protección en los territorios.
En segundo lugar, también representa una prueba de que la paz en Colombia debe sustentarse en mecanismos propios de sostenibilidad institucional, más allá del apoyo externo. Si la transición no se gestiona con claridad, podría aumentar el riesgo de vacíos que aprovechen grupos armados.
Finalmente, para la comunidad internacional, la resolución es una señal de que el acompañamiento externo cambia de forma. No se trata de abandono, sino de una evolución que requiere nuevos pactos, aportes técnicos y vigilancia local fortalecida. En ese nuevo escenario, el éxito dependerá de que las partes involucradas mantengan el enfoque en la implementación concreta de reformas y la protección efectiva de derechos humanos.
