La joven funcionaria, anunciada como próxima viceministra de Juventud, enfrenta la anulación de su título profesional por parte de la Fundación Universitaria San José, lo que aleja definitivamente su llegada al cargo y activa una investigación del Ministerio de Educación Nacional de Colombia por presuntas irregularidades académicas.
Origen del conflicto y anulación de títulos
Juliana Guerrero, de 22 años, fue propuesta como viceministra de Juventud en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que generó de inmediato atención pública a su hoja de vida académica. En su perfil aparecían dos títulos expedidos por la Fundación Universitaria San José: un programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y otro de Contaduría Pública.
Sin embargo, la universidad confirmó el viernes 7 de noviembre que, tras revisar sus registros institucionales, “no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual” correspondientes a Guerrero en ambos programas. Consecuentemente, la Fundación decidió anular los títulos de Guerrero alegando que no cumplió los requisitos para graduarse, como presentación de exámenes estatales (Saber Pro) y registro académico verificable.
El programa académico irregular levantó sospechas adicionales: el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) no encuentra constancia de presentación de las pruebas Saber Pro por parte de Guerrero, requisito obligatorio en Colombia para títulos profesionales. De hecho, fuentes señalan que el crédito educativo del ICETEX por 11 millones de pesos otorgado a Guerrero no coincide con un registro activo en los programas de la universidad.
Así, el escándalo académico se convirtió en asunto institucional: el Ministerio de Educación abrió una investigación contra la Fundación Universitaria San José, sus directivos y representantes legales por presuntas irregularidades en la expedición de títulos.
Reacción de Guerrero y la pérdida de aspiraciones al viceministerio
Una vez conocida la decisión de la universidad, Juliana Guerrero emitió declaraciones en las que afirmó que “sí estudió, tengo mis notas y actas. La universidad las tiene también”, y advirtió que la anulación obedece a motivaciones políticas más que académicas. En paralelo, comunicó que ya no aspira al cargo de viceministra de Juventud ni a otros cargos de Gobierno, tras el impacto reputacional del caso.
La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, fue una de las primeras en denunciar presuntas irregularidades en la hoja de vida de Guerrero, señalando que ni siquiera aparece registro de presentación del examen Saber Pro. Por su parte, Guerrero interpuso demanda contra Pedraza por calumnia y delitos informáticos, y ambas deberán presentarse en audiencia de conciliación ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
La gravedad del caso afectó directamente su proyección hacia el viceministerio: la ilusión institucional de su nombramiento se diluyó en medio de cuestionamientos académicos y éticos que resultan incompatibles con cargos de alta conducción estatal. El Gobierno aún no emitió confirmación oficial de su posesión tras este episodio.
Implicaciones institucionales, educativas y políticas
El caso Guerrero trasciende su perfil personal y proyecta efectos sobre la credibilidad del sistema educativo y de los nombramientos públicos. En el frente educativo, demuestra una falla grave en el control de titulación: una institución de educación superior otorgó diplomas sin verificar requisitos mínimos, lo cual abre interrogantes sobre la veracidad de múltiples grados similares.
Desde el ámbito institucional, la posibilidad de que una persona sin requisitos formales llegue a un cargo gubernamental genera alerta sobre los procesos de calidad, mérito y transparencia en las designaciones. El hecho de que el ministro o la oficina correspondiente no adelantaran la investigación previa al nombramiento remite a un déficit de diligencia.
Finalmente, en el plano político este escándalo impacta la agenda del Gobierno al interior del ministerio correspondiente, al tiempo que alimenta cuestionamientos respecto a la coherencia entre prácticas y discurso institucional. La anulación de los títulos y el retiro de la aspiración de Guerrero al viceministerio reflejan un costo reputacional que podría exigir reformas de fondo.
En conclusión, el episodio será un hito para repensar la supervisión de títulos universitarios, la idoneidad de los cargos públicos y la exigencia de verificación rigurosa antes de designaciones estatales.
