El jefe de la cartera de Trabajo será indagado por sus comentarios en redes sociales sobre el encuentro entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo, en un proceso que vuelve a poner a prueba los límites entre la libertad de expresión y la neutralidad política de los funcionarios públicos.
El origen de la investigación
La Procuraduría General de la Nación anunció este martes 5 de noviembre de 2025 la apertura de una indagación previa contra el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, por presunta participación en política. La medida surge tras los comentarios que el alto funcionario realizó en su cuenta oficial de X, donde opinó sobre la reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo, quienes recientemente sostuvieron un encuentro político que generó amplio debate nacional.
En los mensajes publicados, Sanguino cuestionó de manera crítica la alianza política entre ambos exmandatarios, lo que, según el ente de control, podría constituir una conducta contraria a la restricción impuesta a los servidores públicos en materia de proselitismo o intervención política.
De acuerdo con el documento oficial emitido por la Procuraduría, la indagación fue ordenada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, bajo la dirección del procurador delegado Esiquio Manuel Sánchez Herrera, quien actuó conforme al artículo 208 del Código General Disciplinario, que regula la competencia para investigar faltas presuntamente cometidas por altos funcionarios del Estado.
Los límites del debate político y la libertad de expresión
El caso ha abierto nuevamente la discusión sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y la obligación de neutralidad política que rige a los servidores públicos en Colombia. Aunque el ministro Sanguino no ha emitido declaraciones públicas tras conocerse la decisión, sus publicaciones en redes sociales se mantienen visibles y han sido interpretadas por distintos sectores como una manifestación política directa.
El artículo 127 de la Constitución Política establece que ningún servidor público puede participar en actividades de partidos o movimientos políticos, salvo en los casos expresamente permitidos por la ley. Este principio busca garantizar la independencia institucional del Estado frente a los intereses partidistas.
No obstante, juristas consultados por distintos medios han señalado que la línea entre una opinión personal y una participación política efectiva puede resultar difusa, sobre todo en el contexto de las redes sociales, donde la frontera entre lo privado y lo institucional tiende a desdibujarse. En ese sentido, la Procuraduría deberá determinar si las expresiones del ministro constituyeron una falta disciplinaria o si se enmarcan en el derecho a la libre expresión política de un ciudadano, aun siendo parte del gabinete presidencial.
Contexto político e implicaciones institucionales
Antonio Sanguino, sociólogo y exsenador del partido Alianza Verde, fue nombrado ministro del Trabajo en septiembre de 2024 dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro. Su trayectoria política ha estado marcada por una activa participación en debates legislativos y en la promoción de reformas sociales y laborales.
La apertura de esta investigación se suma a otros procesos en los que la Procuraduría ha intervenido para evaluar la conducta de funcionarios del actual gobierno frente a posibles manifestaciones políticas. En todos los casos, la entidad ha sostenido que su papel se limita a preservar la neutralidad institucional del Estado y evitar el uso del cargo público para influir en el debate partidista.
El proceso disciplinario contra Sanguino aún se encuentra en etapa preliminar, lo que significa que no se ha formulado pliego de cargos ni se ha determinado responsabilidad. De confirmarse alguna falta, las sanciones podrían ir desde una amonestación hasta la destitución del cargo, dependiendo de la gravedad de la conducta comprobada.
La Procuraduría no ha fijado un plazo específico para la conclusión de la indagación, pero ha reiterado que actuará “con objetividad, respeto al debido proceso y transparencia”, en concordancia con los principios del control disciplinario.
El caso de Antonio Sanguino pone de relieve las tensiones entre la política y la función pública, un terreno donde las palabras pueden tener consecuencias institucionales, incluso cuando se pronuncian desde un perfil personal en redes sociales.
