La Registraduría Nacional del Estado Civil determinó que Daniel Quintero no podrá inscribirse como candidato presidencial mediante recolección de firmas, al considerar que se encuentra inhabilitado por haber sido inscrito previamente en la consulta del Pacto Histórico; la decisión abre un nuevo capítulo en la disputa interna de la izquierda colombiana rumbo a 2026.
Motivo de la inhabilitación y marco normativo
La Registraduría emitió la Resolución 13881 de 2025, mediante la cual negó el registro del comité de recolección de firmas que pretendía avalar la candidatura de Quintero, bajo la denominación “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos”. La entidad argumentó que Quintero estaba inhabilitado para participar en el mismo proceso electoral por otro mecanismo, en razón de su inscripción formal como precandidato el 26 de septiembre de 2025 en la consulta del Pacto Histórico.
La base legal de la decisión se apoya en la Ley 1475 de 2011, en su artículo 7 y el artículo 32, que establecen que la participación de un precandidato en una consulta interpartidista “queda en firme” una vez su inscripción está consolidada, y que quien participe no puede luego inscribirse por otro mecanismo en el mismo proceso electoral.
La Registraduría explicó que no recibió comunicación formal —antes de la consulta— sobre retiro o renuncia de Quintero a esa candidatura, lo que implicó que su participación quedó establecida jurídicamente. De acuerdo con el organismo, permitir su inscripción posterior por firmas era “un trámite manifiestamente improcedente” y contrario al principio de legalidad y eficiencia electoral.
Consecuencias inmediatas de la decisión
Con esta resolución, Daniel Quintero queda imposibilitado de continuar su aspiración presidencial mediante la vía de firmas dentro del proceso de 2026. La Registraduría consideró que, al haber quedado inscrito en la consulta del Pacto Histórico, quedó sujeto al mecanismo definido por esa coalición y ya no podía optar por inscripción independiente o por otro movimiento dentro del mismo calendario electoral.
El exalcalde de Medellín anunció inmediatamente que interpondrá recursos jurídicos contra el registrador nacional, Hernán Penagos, calificando la decisión de “abuso de poder” y anunciando denuncia por presunto prevaricato.
Para el proceso electoral de 2026, esta inhabilitación altera el mapa de precandidaturas en la izquierda; Quintero pierde la posibilidad de competir por la recolección de firmas y deberá reconsiderar su posición política o buscar otros caminos si pretende mantenerse en carrera.
Relevancia política y reflejo institucional
La decisión de la Registraduría implica una señal importante para el sistema electoral colombiano: reafirma que las normas de participación contempladas en la ley deben aplicarse incluso a figuras de alto perfil público. Al bloquear la inscripción de Quintero, la autoridad electoral refuerza el principio de unidad del proceso electoral y la coherencia de los mecanismos para la selección de candidatos.
Desde la perspectiva interna de la coalición del Pacto Histórico, esta decisión también representa un momento de tensión. Quintero había planteado su candidatura independiente tras retirarse de la consulta, lo que generó división entre sectores que lo respaldaban y quienes consideraban su aspiración incompatible con el acuerdo de la coalición. La inhabilitación profundiza esas fisuras y plantea interrogantes sobre la unidad del bloque hacia 2026.
Para los ciudadanos, el episodio evidencia que la normativa electoral puede incidir directamente en quiénes pueden aspirar y cómo hacerlo, lo que añade un componente de transparencia y garantía de legalidad al sistema. En conclusión, la inhabilitación de la candidatura de Daniel Quintero constituye un hecho relevante en el escenario político colombiano, cuyas repercusiones se desplegarán en los próximos meses. La aplicación de la ley electoral, la estrategia de los partidos y la capacidad de contener divisiones internas serán los retos que marcarán el camino hacia las elecciones de 2026.
