El senador republicano Bernie Moreno afirmó que Estados Unidos está evaluando sanciones contra Gustavo Petro, su familia y colaboradores, lo que desató tensiones diplomáticas y debates jurídicos en Colombia.
Declaraciones y fundamentos del anuncio
El martes 21 de octubre de 2025, el senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno declaró en una entrevista que la administración de Donald Trump examina incluir al presidente Gustavo Petro, su familia y colaboradores en la Lista Clinton manejada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Moreno afirmó que esta medida responde a investigaciones por supuestos nexos con carteles de narcotráfico y que se están acelerando las indagaciones al respecto.
Este anuncio se produce en un contexto de alta tensión diplomática entre ambos países, en el que Trump ha emitido reproches públicos contra Petro y amenazado con recortes de ayuda o sanciones adicionales. La inclusión en la lista implicaría restricciones al comercio, congelamiento de activos y bloqueo de transacciones financieras con entidades y ciudadanos estadounidenses.
Se trata por ahora de una propuesta política y pública: no existe confirmación de la OFAC ni de fuente oficial estadounidense sobre la designación formal. Los especialistas jurídicos consultados advierten que para incluir a un individuo en la lista se requiere procedimiento administrativo, pruebas mínimas y oportunidad de defensa.
Reacciones dentro de Colombia
La noticia generó inmediatas reacciones desde distintos sectores políticos en Colombia. El Gobierno Nacional rechazó de plano la idea, calificándola como una injerencia inaceptable y demandando pruebas concretas para sustentar acusaciones de esa magnitud.
Personajes del Pacto Histórico y aliados del presidente manifestaron solidaridad con Petro y coincidieron en que una medida de esa naturaleza tendría repercusiones diplomáticas graves. Al mismo tiempo, críticos del gobierno consideraron que la afirmación de Moreno no debe descartarse sin investigar, pues arroja sombras sobre la legitimidad y transparencia del Ejecutivo.
Analistas comentan que incluso la intención de inclusión en la Lista Clinton puede tener efectos inmediatos: afectar la percepción internacional del país, encarecer la deuda, elevar tasas de riesgo y generar cautela entre inversionistas.
Cabe destacar que la Lista Clinton, oficialmente denominada lista de «Personas Especialmente Designadas» (SDN, por sus siglas en inglés), es una herramienta con la cual EE. UU. aplica sanciones financieras contra individuos o entidades vinculadas a narcotráfico, lavado de activos o terrorismo.
Riesgos, suposiciones y pasos posibles
La posibilidad de que Petro y su entorno ingresen a la Lista Clinton es un viraje drástico en la relación bilateral: si la OFAC decide avanzar, se abriría un proceso sancionatorio con consecuencias reales. Podrían congelarse bienes en EE. UU., bloquearse transacciones en dólares, suspenderse relaciones comerciales y diplomáticas con entidades estadounidenses.
Adicionalmente, familiares y colaboradores también quedarían bajo esa sombra jurídica y operativa, lo que podría complicar visados, cuentas bancarias internacionales y operaciones de empresas vinculadas a ellos.
No obstante, hasta ahora todo se basa en declaraciones de un senador estadounidense; no hay publicación oficial ni resolución legal emitida. Las autoridades colombianas podrían demandar aclaraciones oficiales y ofrecer defensa legal si se llegara a formalizar un proceso contra el Estado colombiano o individuos en su administración.
Este episodio marca un escalón en la confrontación diplomática. La mera posibilidad de inclusión en una lista sancionatoria internacional realza riesgos reales para el país: reputacionales, económicos y jurídicos. Para Petro y su gobierno, el reto inmediato es refutar con pruebas contundentes las acusaciones y defender la legitimidad del mando en un entorno que puede trasladarse pronto de la política al derecho internacional.
