El exministro de Relaciones Exteriores enfrenta cargos por prevaricato por acción, tras declarar desierta la licitación para la expedición de pasaportes; él rechazó los cargos en audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Acusación formal y delitos imputados

Este martes 9 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación presentó formalmente cargos contra el exministro Álvaro Leyva Durán. La imputación fue radicada ante el Tribunal Superior de Bogotá, en una audiencia en la que el ente acusador lo sindica del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.

Según la Fiscalía, Leyva habría proferido una serie de actos administrativos contrarios a la ley durante la licitación pública 001 de 2023, proceso cuyo objeto era contratar la impresión, personalización, custodia, distribución y entrega de libretas de pasaporte y etiquetas de visa para ciudadanos colombianos.

El ente señala que, tras concluir la evaluación de ofertas y determinar un proponente habilitado, Leyva emitió la Resolución 7485, declarando desierta la licitación con el argumento de que existía un solo oferente, a pesar de que ese oferente había cumplido los requisitos exigidos. Luego, negó un recurso de reposición presentado por la firma interesada mediante la Resolución 7540, lo que impidió la participación en otra adjudicación. Posteriormente, decretó la figura de “urgencia manifiesta” para contratar directamente la prestación del servicio, decisión que la Fiscalía califica como arbitraria e ilegal.

En su exposición, la fiscal a cargo afirmó que los actos firmados por Leyva vulneraron el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que regula los principios de la contratación estatal, señalando falta de transparencia, objetividad y abuso del poder conferido al cargo ministerial.

Desarrollo de la diligencia y reacción del exfuncionario

Durante la audiencia de imputación, Álvaro Leyva se declaró inocente y rechazó todos los cargos. Expresó de forma clara que no aceptaba la acusación: “Que quede absolutamente claro: no acepto ninguno de los cargos, absolutamente no”.

Su defensa oficial, encabezada por el abogado Roberto Badel García, argumentó que las decisiones adoptadas tenían como objetivo garantizar la pluralidad de oferentes y preservar la legalidad del proceso, desestimando que hubiera una intención de favorecer intereses particulares.

Al exministro le fue recordado que, además del proceso penal, ya existe una sanción decretada por la Procuraduría General de la Nación: en septiembre de 2025 la entidad confirmó su destitución e inhabilidad general por diez años, en su calidad de falta disciplinaria grave, por declarar desierta la licitación sin justificación legal.

La audiencia de imputación marca el inicio formal del proceso penal en su contra. Según normativas judiciales, ese fallo no es condena, pero sí establece una investigación que podrá culminar en juicio si la Fiscalía presenta pruebas suficientes.

Contexto de la licitación, alcance del contrato y antecedentes institucionales

La licitación pública 001 de 2023 tenía como objeto un contrato multimillonario para la fabricación, personalización, custodia y distribución de pasaportes y visas colombianas, con vigencia hasta julio de 2026. El contrato tenía un valor referencial de 559.000 millones de pesos.

El comité evaluador del proceso inicialmente recomendó la adjudicación a una unión temporal que cumplía los requisitos establecidos. Pero la decisión del exministro de declarar desierta la licitación y avanzar hacia contratación directa generó cuestionamientos formales por parte de la Procuraduría, que posteriormente lo sancionó.

Ahora, con la imputación penal, el caso adquiere una dimensión judicial que puede implicar sanciones privativas de libertad, además de potenciales restricciones para ejercer cargos públicos, dependiendo de la decisión final del tribunal.