La iniciativa de ley radicada por el Gobierno buscaba recaudar entre 16,3 y 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto 2026; tras su archivo en el Senado, el panorama fiscal exige nuevas decisiones.
Estado actual de la propuesta en el Congreso
El 1 de septiembre de 2025, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, presentó al Congreso de la República un nuevo proyecto de reforma tributaria —denominado “Ley de Financiamiento 2025” — con el objetivo inicial de recaudar 26,3 billones de pesos.
A finales de octubre, este monto fue ajustado a 16,3 billones de pesos, como parte de un acuerdo entre el Ejecutivo y las comisiones económicas del Congreso para acompañar el Presupuesto General de la Nación 2026, estimado en 546,9 billones de pesos.
No obstante, el 9 de diciembre de 2025, la Comisión Cuarta del Senado decidió archivar la iniciativa tributaria luego de rechazar la ponencia positiva. Con ello, la reforma pierde vigencia y no sigue su trámite legislativo.
Con este archivo, los recursos adicionales proyectados por la reforma dejan de ser una fuente aprobada, lo que implica que el presupuesto de 2026 deberá ser reconsiderado si no se encuentra una alternativa viable.
Papel de la reforma en el presupuesto y deuda pública
El diseño de la reforma tributaria estaba directamente vinculado con la financiación del presupuesto para 2026. En los cálculos oficiales del Gobierno, los 16,3 billones de pesos servirían para cerrar el aforo del presupuesto aprobado por el Congreso.
El presupuesto aprobado para 2026 ascendía a 556,9 billones de pesos, uno de los más altos de la historia reciente, con aumentos en gasto de funcionamiento, inversión y servicio de deuda.
Sin embargo, un estudio reciente señala que, al no aprobarse la ley de financiamiento, los 26,3 (o 16,3) billones previstos representan recursos contingentes, cuya ejecución ahora dependerá de medidas alternativas.
Además, el antecedente más reciente indica una caída del recaudo tributario nacional del 9,7 % en los primeros ocho meses de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior. Esa disminución profundizó la necesidad de una reforma, aunque el archivo de la iniciativa deja sin resolver ese déficit estructural.
Escenario inmediato y respuestas institucionales
Con la reforma archivada, el Gobierno deberá evaluar nuevos mecanismos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En ese sentido, una alternativa planteada es el desarrollo de una “Ley de Reactivación Económica”, aunque esta también enfrenta obstáculos de consenso en el Congreso similares.
Por su parte, el Ejecutivo ha manifestado su intención de insistir en el debate tributario, aunque aún no ha presentado una nueva versión oficial distinta.
Mientras tanto, la estructura del Presupuesto General para 2026 permanece condicionada, al depender en parte de recursos que ya no cuentan con respaldo legislativo.
El rechazo parlamentario evidencia las dificultades de construir consensos en materia fiscal, lo que obliga a evaluar otras vías —legal, administrativa o presupuestal— para asegurar la financiación estatal.
