Al 14 de octubre, el proyecto gubernamental enfrenta resistencia en el Senado, una ponencia alternativa reclama protagonismo y sociedades científicas piden ajustes técnicos para garantizar derechos y viabilidad.
Situación parlamentaria y tensiones legislativas
El proyecto de reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro ha retomado protagonismo en el Congreso, en particular en la Comisión Séptima del Senado, donde se espera que en los próximos días se reabra el debate con ponencias en contrapunto.
El diseño original propone eliminar las EPS, centralizar las funciones de aseguramiento en la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema de Salud) y reorganizar la prestación alrededor de la Atención Primaria en Salud (APS).
Frente a esa propuesta, una ponencia alternativa impulsada por senadoras Norma Hurtado, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo plantea un modelo mixto más gradual, con participación territorial y defensa del talento humano médico como eje de estabilidad.
Hoy, la disputa gira en torno al grado de cambio estructural que debe tener la reforma: si debe ser radical o gradual, centralizada o descentralizada, y cómo proteger la red pública hospitalaria sin desbordar financieramente el sistema.
Voces científicas alzan la voz y piden revisión técnica
Esta mañana, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) envió una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al representante Alfredo Mondragón, en la que solicitó una revisión seria de la ponencia alternativa. Arguyen que esa versión protege derechos laborales del talento humano y es más ajustada constitucionalmente.
Según la ACSC, las versiones que promueven facultades especiales para el Presidente representan riesgos jurídicos, mientras que el texto alternativo fortalece la formalización del personal sanitario y garantías de estabilidad institucional.
Este llamado debe entenderse como un intento de moderar el debate y evitar que la reforma quede supeditada únicamente a cálculos políticos y la polarización mediática.
Desafíos, riesgos y escenarios finales
Uno de los principales retos es lograr mayoría suficiente en el Senado. El Gobierno ya reconoce falta de respaldo pleno y se prepara para una ofensiva política destinada a “defender sus reformas”.
Otro riesgo es la viabilidad financiera: al eliminar intermediarios (EPS) y centralizar funciones, el Estado deberá garantizar mecanismos técnicos robustos para evitar colapsos en giros, pagos de servicios y sostenibilidad del sistema.
Asimismo, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria dependerá de que los recursos lleguen eficazmente a municipios remotos, con ajustes técnicos en tarifas, equipamiento y gestión local.
Si el Senado rechaza el proyecto, el Gobierno evalúa alternativas como recurrir a una consulta popular, aunque esa ruta también enfrenta obstáculos legales y constitucionales.
En este momento decisivo, la reforma de salud colombiana está en un punto de inflexión: puede marcar un antes y un después en el sistema de salud, o quedar en promesa no aprobada. La forma en que se resuelvan los componentes técnicos, el consenso político y las garantías para el talento humano determinarán su éxito o fracaso.
