La decisión judicial revoca la medida cautelar que habilitaba la inscripción de aspirantes del Pacto, mientras el presidente Gustavo Petro reafirma que la consulta sigue vigente y llama a resistir.

Fallo judicial: nulidad de la medida que habilitaba la consulta

El 7 de octubre de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró improcedente la tutela presentada por Carolina Corcho y Gustavo Bolívar que permitía la inscripción abierta de precandidatos del Pacto Histórico para la consulta presidencial prevista el 26 de octubre. Con este fallo, se dejó sin efecto la medida provisional que facultaba la inscripción de candidatos aun sin reconocimiento pleno del movimiento.

Según el auto, el tribunal consideró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) actuó de forma legal al no permitir la inscripción de aspirantes de Colombia Humana y Progresistas, organizaciones excluidas de la unificación interna del Pacto. La decisión se apoya en la interpretación del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, que restringe fusiones de partidos en procesos sancionatorios pendientes.

El fallo no afecta directamente la parte de la consulta destinada a elegir los candidatos al Congreso del Pacto Histórico, pero sí coloca en el limbo la modalidad prevista para elegir al candidato presidencial bajo esa coalición.

Reacción de Petro: deslegitimación y convocatoria al respaldo político

Gustavo Petro reaccionó con dureza ante la decisión del Tribunal. En su cuenta oficial de X, convocó a sus simpatizantes y miembros del Pacto a mantener firme el proceso electoral, declarando que “la consulta popular del Pacto Histórico está vigente” pese al fallo.

Asimismo, calificó la resolución como un acto de “sabotaje contra la democracia”, atribuyéndola a intereses de la derecha para frenar la participación política del movimiento oficialista.

Daniel Quintero, uno de los precandidatos afectados por la decisión, manifestó que interpondrá una acción de nulidad para restablecer la consulta presidencial y proteger el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.

Iván Cepeda también se pronunció denunciando que la medida busca dividir al Pacto Histórico y generar confusión en la opinión pública. Aseguró que “no lograrán” fragmentar la unidad estratégica del movimiento.

Implicaciones para la consulta 2025 y el escenario electoral 2026

La suspensión de la medida cautelar deja sin sustento legal la inscripción de los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, generando un vacío jurídico que podría impedir la realización de la consulta interna en la fecha prevista.

Este episodio representa una prueba severa para la cohesión interna del Pacto. La coalición debe decidir si apela, reorganiza el mecanismo de elección o pospone la definición presidencial hasta un momento más seguro. La fragmentación o el desorden interno puede debilitar su influencia frente a la contienda general de 2026.

Desde el punto de vista institucional, esta controversia evidencia tensiones entre las ramas judicial y electoral del Estado, en medio de una coyuntura donde el control sobre procesos internos determina ventajas políticas. Si el fallo no se revierte o se encuentra una ruta legal alternativa, el Pacto podría enfrentar acusaciones de imposibilidad organizativa.

Para el electorado progresista, el manejo de esta crisis será determinante: una respuesta clara, legítima y respaldada por transparencia puede revitalizar la confianza; un manejo impreciso podría alimentar críticas de discrecionalidad. En el umbral del periodo electoral, la consulta interna del Pacto Histórico ya se convierte en un campo de batalla simbólico y político.