La retención del 1,5 % a pagos digitales amenaza con hacer retroceder la digitalización y fortalecer la informalidad económica.
En estos días, el entorno financiero de Colombia se ha visto sacudido por la noticia de un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que pretende imponer una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos realizados a través de billeteras y otras plataformas digitales. Mientras comerciantes y ciudadanos se preocupan por el impacto que esta medida podría tener en sus bolsillos, la Cartera defiende su propuesta, argumentando que busca equiparar tales medios de pago a las tarjetas y aumentar los ingresos del Estado. Los analistas concuerdan en que el proceso de digitalización de los procesos de pago se vería afectado negativamente, y esto es incuestionable. Muchos comerciantes no han hecho secreto de que, si tal medida llegara a convertirse en ley, dejarían de aceptar pagos por billeteras digitales y se devolverían al efectivo sin dudarlo. Pero ¿por qué sería esto un problema para el Estado? Esta posible marcha atrás no solo afecta la modernización tecnológica, sino que también plantea un dilema estructural. Demos un paso atrás.
El proceso de digitalización de las transferencias es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo, no sólo en Colombia. Son siempre más los países que pretenden desincentivar el uso del dinero en efectivo a favor de transferencias bancarias, pagos con tarjetas y otros medios digitales. En algunas jurisdicciones se ha llegado hasta a prohibir del todo los pagos en efectivo en ciertos casos. Es probable que, en el curso del próximo siglo, el dinero como lo conocemos, es decir billetes y monedas, deje de existir y sea reemplazado por datos en un chip. Es un escenario que asusta. En estos días hemos visto cómo una falla técnica de AWS resultó en la imposibilidad, para millones de usuarios, de disponer libremente de su dinero “virtual”. También existe el temor de perder el control material de las que son nuestras pertenencias: desde hackers informáticos hasta gobiernos distópicos, el miedo que los ahorros de una vida puedan ser borrados con un clic es muy concreto. Aun así, la sociedad moderna sigue con paso firme hacia la digitalización. Y es que las ventajas de un mundo digital superan ampliamente sus riesgos, y la brecha se va agrandando a medida que la tecnología avanza. Almacenamiento en la nube, encriptación, autenticación biométrica, IA para la detección de fraudes, cuentas bancarias y billeteras virtuales hoy en día brindan más seguridad que las cajas fuertes.
Los beneficios de un sistema financiero digital no son solo para los usuarios individuales, sino para toda la sociedad civilizada. No cabe duda de que tener todo su capital a solo un clic de distancia sea más cómodo que preocuparse de donde esconder la billetera, sin embargo, hay consideraciones que van más allá de la comodidad y de la facilidad de uso, y estas son las razones reales por las cuales los gobiernos del mundo empujan hacia la digitalización. Un sistema digitalizado es un sistema que deja muy poco espacio para la ilegalidad. El lavado de activos, el narcotráfico, el tráfico de armas de fuego y la corrupción, entre otras, son plagas desafortunadamente muy vivas en el territorio colombiano. En una realidad en la cual cada transacción es rastreada electrónicamente, llevar a cabo estos crímenes se vuelve más difícil. No sorprende que, en Europa, uno de los golpes más fuertes a las mafias locales haya sido justamente la imposición de límites a la circulación del efectivo.
Tan sólo estas consideraciones deberían ser suficientes para desear impulsar y promover la digitalización de los medios de pagos, pero hay más. Los fenómenos posiblemente más afectados por la difusión de los pagos virtuales son la evasión de impuestos y las economías informales. Cuando cada transferencia de dinero queda grabada, ocultar ganancias o incluso enteros negocios, se vuelve imposible. La voluntad de los comerciantes de aceptar pagos por medios digitales para satisfacer a sus clientes implica la necesidad de “revelarse”, por lo menos en parte, frente al Erario. Una transacción en efectivo se puede omitir con facilidad, mientras una transferencia digital representa un comprobante en sí misma. Esta consideración se vuelve relevante justamente con referencia a los ingresos que el Estado espera recibir gracias a una retención en la fuente. Así como es razonable esperar que el volumen de pagos por medios digitales se reduzca; sería ilusorio no prever que también podrían disminuir los ingresos declarados por los micro comerciantes y, consecuentemente, las cargas fiscales recaudadas por el Estado. La pregunta es si tal disminución sería compensada o no por los ingresos generados por el nuevo gravamen.
En resumen, es evidente que, en algún momento, las condiciones de utilizo de las billeteras digitales en Colombia tendrán que ser equiparadas a las de las tarjetas de crédito y de débito. No hacerlo, además de carecer de lógica, representaría una injusticia frente a otras redes globales de pago, como Visa y Mastercard, que se enfrentarían a una competencia inicua. Sin embargo, es justo en esta coyuntura histórica que el comercio colombiano parece estar listo para evolucionar hacia un sistema más tecnológico, también gracias a la introducción de herramientas, como Bre-B, que agilizan los giros interbancarios. Pequeños comerciantes y emprendedores están superando sus reticencias y se están abriendo a la modernidad, con todo lo que conlleva de positivo y de negativo para ellos. Al mismo tiempo, la lucha contra la ilegalidad es un tema más actual que nunca y aumentar la trazabilidad del dinero puede ser la palanca decisiva para ganar esta batalla. Es un momento crítico, en el cual se está decidiendo el futuro de la economía colombiana, que podría reducir ulteriormente su nivel de informalidad. En este contexto, introducir una medida que desalentaría la digitalización de los pagos y volvería a respaldar el uso del efectivo, podría acarrear consecuencias muy negativas, no solo para el bolsillo de los negociantes, sino para todo el País.
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