En medio del foco internacional sobre la cumbre de paz egipcia, Madagascar vive un estallido social y militar que podría alterar su curso institucional

Causas del descontento y surgimiento del movimiento

Desde el 25 de septiembre de 2025, Antananarivo y otras ciudades malgaches han sido escenario de protestas masivas lideradas por la generación Z, centradas en fallas reiteradas del suministro eléctrico y de agua potable. Reclamos por apagones frecuentes, cortes de servicios y la percepción de una gobernanza precaria, se han cristalizado en demandas: disolución del parlamento, renuncia del presidente Andry Rajoelina y reformas institucionales profundas. Las protestas también se enmarcan en un contexto de desigualdad persistente, pobre infraestructura estatal y críticas a la corrupción sistemática que debilitan la confianza ciudadana.

La escalada de la movilización fue acompañada por el rompimiento del pacto tácito entre el presidente y la unidad militar CAPSAT, la cual ha estado históricamente involucrada en la política del país (incluido el golpe de 2009 que llevó a Rajoelina al poder). El 11 de octubre, oficiales de CAPSAT declararon que asumirían el mando del ejército en sustitución de la estructura leal al gobierno, nombrando al general Demosthène Pikulas como jefe militar. En paralelo, la gendarmería también tomó distancia del gobierno, proclamando su función como fuerza de protección ciudadana, no de defensa política.

Giro militar y fuga presidencial

El 13 de octubre se confirmó que Rajoelina abandonó Madagascar en un avión militar francés, según fuentes opositoras, fuerzas de seguridad y diplomáticas. En un comunicado difundido en redes sociales, negó rendirse y afirmó que actuaba desde una posición segura para “preservar la nación”.

Al día siguiente, el 14 de octubre, la facción militar liderada por el coronel Michael Randrianirina anunció que suspendía instituciones estatales y asumía el control del país, declarando un gobierno de transición temporal. El Parlamento había previamente votado la impeachment del presidente antes de su partida, y Rajoelina había intentado disolver la asamblea por decreto, acción que los legisladores consideraron fuera de la legalidad.

La respuesta pública ha sido heterogénea: mientras algunos ciudadanos celebran el derrocamiento y ven esperanza en el cambio, otros denuncian un golpe institucional. Organismos internacionales, incluida Francia y Estados Unidos, instan al retorno del orden constitucional y advierten sobre riesgos de injerencia foránea.

Riesgos, proyecciones y mensaje global

Madagascar enfrenta ahora una encrucijada: si el quiebre institucional se traduce en una transición ordenada y constitucional, el episodio podría abrir paso a una nueva configuración política; si degrada en autoritarismo militar, puede agravar fragmentaciones internas profundas.

Los riesgos inmediatos son altos: desplazamientos urbanos, inseguridad, colapso de servicios públicos y falta de legitimidad en el gobierno de transición. La movilización social aún no ha sido absorbida en canales institucionales confiables, lo que genera una tensión latente entre fuerza militar y aspiraciones ciudadanas.

Este acontecimiento en Madagascar ocurrió mientras gran parte del mundo estaba concentrado en la cumbre de paz en Egipto. Ese desvío de atención internacional puede haber favorecido la rapidez del cambio de poder, pues la isla fue abandonada mediáticamente en un momento crítico. Para el nuevo liderazgo, el reto será reconstruir confianza interna y recuperar visibilidad global.

Madagascar ha demostrado que incluso en momentos donde la agenda global monopoliza los reflectores, las transformaciones locales pueden sobrevenir con velocidad. La comunidad internacional deberá estar atenta: la estabilidad, la restauración de la democracia y el bienestar de millones de malgaches penden de una delicada balanza.