Tras la absolución de Uribe, el presidente Gustavo Petro llama a iniciar en Bogotá el proceso de recolección de firmas para una Asamblea Constituyente, presentando la iniciativa como un acto de soberanía popular.
Convocatoria presidencial y motivaciones
El 21 de octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció públicamente su convocatoria a la ciudadanía para congregarse este viernes 24 de octubre a las 4:00 p.m. en la Plaza de Bolívar de Bogotá con el propósito de iniciar la recolección de firmas del poder constituyente.
La decisión fue difundida a través de sus redes sociales, donde escribió: “Los espero en la Plaza de Bolívar este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”. También vinculó la convocatoria a la reciente absolución del expresidente Álvaro Uribe, al afirmar que el fallo del Tribunal Superior “contradice a la Corte Suprema” y que representa una ofensiva frente al poder político tradicional.
Petro ha aprovechado el ambiente suscitado por la absolución para reactivar la discusión sobre la Constituyente, denunciando lo que denomina “ataques institucionales” y declarando que “quien define no es Trump, es el pueblo”.
Ruta legal, retos y condicionamientos institucionales
La convocatoria de firmas para una Asamblea Constituyente plantea un procedimiento complejo que, según lo previsto por la Constitución colombiana, debe seguir normas como el artículo 378: la recolección de firmas debe superar umbrales mínimos del censo electoral, y en su caso aprobarse en consulta popular u otros mecanismos legales.
Voces jurídicas y políticas han advertido que no basta la movilización popular: una Constituyente debe respaldarse en procedimientos legales claros, aprobación legislativa, control constitucional y legitimidad ciudadana. Petro ya había planteado esta opción en meses anteriores, pero enfrentó rechazo del Senado y advertencias sobre su viabilidad institucional.
El expresado intento de iniciar recolección hoy en Bogotá funciona como acto simbólico: marca el inicio público de la campaña constituyente que Petro espera posicionar como eje de su gobierno y estrategia de poder. Pero su éxito dependerá de su capacidad para articular respaldo político, superar obstáculos legales y desplegar una logística institucional para el proceso de firmas.
Repercusiones políticas y expectativas ciudadanas
La convocatoria representa un quiebre discursivo del gobierno: el presidente abandona parcialmente el terreno institucional solo para apelar directamente al pueblo como actor constituyente. Esto puede fortalecer su narrativa ante seguidores y sectores progresistas, pero también alimentar críticas de quienes consideran que la Constituyente implica una amenaza al orden democrático.
La oposición ya ha reaccionado cautelosamente, alertando riesgos de ruptura institucional o de que la convocatoria se gestione sin suficientes garantías de transparencia. Sectores independientes y del mundo jurídico enfatizan que cualquier iniciativa popular debe respetar el estado de derecho.
En el plano social, la convocatoria abre el espacio para movilizaciones masivas, debates públicos y participación ciudadana, según la respuesta que logre suscitar en el electorado. La Plaza de Bolívar, epicentro simbólico del poder, será escenario de un acto con implicaciones políticas de alto voltaje.
Si Petro consigue consolidar adhesiones y avanzar en el proceso legal de la Constituyente, su mandato podría proyectarse hacia una segunda etapa transformadora. Pero el margen para el error político es estrecho: la convocatoria es tanto un desafío como un riesgo estratégico para su gobierno.
