El alto tribunal encontró que el exdirector de la Policía Nacional intervino indebidamente en un proceso judicial, ordenó su captura y una posible reclusión en centro penitenciario.
Sentencia y delito declarado
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al general en retiro Rodolfo Bautista Palomino López a siete años y un día de prisión, por el delito de tráfico de influencias en servidor público.
La condena se basa en hechos ocurridos durante su mandato como director de la Policía Nacional, cuando Palomino habría ejercido presión sobre la fiscal Sonia Lucero Velásquez Patiño con el fin de frenar la orden de captura contra el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, investigado por delitos graves.
En la sentencia la Corte documenta que el general se presentó en la residencia de la fiscal el 8 de febrero de 2014, en compañía del mayor Jorge Enrique Rodríguez Peralta (director de la DIJIN en ese momento), para solicitar que se suspendiera la captura, alegando la relevancia social del empresario y sus supuestos vínculos con personas influyentes.
Condena y orden de captura
Después de la sentencia, la Corte Suprema emitió una orden de captura contra Palomino, que comenzó a regir el 19 de noviembre de 2025, según la Sala. El general retirado se presentó “voluntariamente ante el CTI” de la Fiscalía, de acuerdo con su propio testimonio público.
Actualmente, según fuentes oficiales, Palomino se encuentra detenido en el búnker de la Fiscalía, a la espera de definir su reclusión definitiva.
Argumentos de la defensa y solicitud de reclusión especial
La defensa del general solicitó que Palomino cumpla la condena no en una cárcel común, sino en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (CESPO), aduciendo que debido a su historial y trayectoria la cárcel común representaría un riesgo para su seguridad.
En su versión pública sobre la condena, Palomino afirmó: “siempre he respetado y acatado las disposiciones de la justicia, así no las comparta” y reconoció su tristeza por lo que calificó como “injusticia”.
En la sentencia, la Corte señaló que la conducta de Palomino causó “una grave lesión al bien jurídico protegido” (la administración pública), porque el general habría usado su autoridad para influir directamente sobre la funcionaria judicial y favorecer a un tercero.
