Desde múltiples frentes, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) han sido blanco de ataques armados esta semana; el Gobierno reacciona con plan de choque y recompensas.
Antecedentes recientes y patrones de agresión
Los ataques contra el INPEC no son nuevos. En lo que va de 2025, ha habido amenazas sistemáticas y agresiones armadas dirigidas contra dragoneantes, guardianes y funcionarios penitenciarios en varias regiones del país. Según el Ministerio de Justicia, desde junio de este año se han documentado incidentes con granadas y disparos en cárceles como La Modelo (Bogotá), Palmira (Valle del Cauca), Bellavista (Medellín) y Armenia (Quindío).
El 3 de octubre, ocurrió un ataque mortal en las afueras de la cárcel La Modelo (Bogotá): un grupo motorizado abrió fuego contra guardias, causando la muerte de un funcionario e hiriendo a otros tres. El hecho coincidió con el cambio de turno de los custodios.
Ese mismo día, se reportó otro homicidio de un guardia en Palmira, con modalidades similares de ataque armado.
Ya el 5 de octubre, un dragoneante logró escapar de un intento de asesinato frente a la cárcel Bellavista (Medellín). Sicarios en motocicleta dispararon contra él, aunque el funcionario sorteó el ataque.
La sucesión de hechos ha encendido alertas institucionales por una posible coordinación entre grupos criminales para hostigar al personal del sistema penitenciario. Se habla incluso de un “plan pistola” dirigido a impactar jerarquías dentro del INPEC.
Respuesta institucional: plan de choque y medidas urgentes
El Gobierno Nacional condenó categóricamente los atentados. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, los calificó de “acto de barbarie terrorista” y advirtió que el Estado no retrocederá frente a la violencia contra sus servidores.
Como respuesta, se lanzó un plan de choque institucional que incluye: recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita capturar a los autores, fortalecimiento de seguridad en perímetros carcelarios, creación de un grupo especial de investigación (Compuesto por Fiscalía y Policía) y uso de tecnologías de vigilancia.
También se elevaron a “objetos de alto valor” las organizaciones criminales presumiblemente detrás de estos actos, lo que implica mayor prioridad investigativa.
El director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, ha revelado que en lo que va del año se han presentado al menos 200 amenazas formales contra funcionarios del organismo penitenciario en todo el país.
Ya se activaron medidas extraordinarias en cárceles críticas como La Modelo y Palmira, con refuerzo de vigilancia, cierre de acceso y planes de movilización de personal.
Riesgos institucionales y desafíos para la seguridad penitenciaria
El aumento de agresiones contra custodios revela la vulnerabilidad del sistema penitenciario frente a la violencia criminal organizada. Cuando los funcionarios son blanco directo, se erosiona la autoridad del Estado dentro de las cárceles y se potencian las redes de impunidad.
Un reto clave será garantizar que las medidas emprendidas (plan de choque, recompensas, grupos especiales) actúen con celeridad, transparencia y coordinación interinstitucional, evitando lentitudes burocráticas que desincentiven la participación de informantes.
Asimismo, será crítica la protección preventiva del personal penitenciario: rutas seguras, escoltas, cambios en esquemas de distribución de turnos y protocolos más robustos de defensa.
La continuidad del sistema depende de que los ataques no se extiendan. Si la respuesta estatal no logra frenar estos hechos, la capacidad institucional para custodiar recintos penitenciarios podría debilitarse seriamente.
