El Gobierno logró la aprobación del techo de gasto para 2026, aunque persisten $16 billones por financiar mediante una nueva reforma tributaria
Montos, ajustes y aprobación legislativa
El Congreso de Colombia aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2026 con un monto total de $546,9 billones de pesos, tras reducir en $10 billones la propuesta inicial de $556,9 billones.
La decisión, adoptada por las principales comisiones económicas de la Cámara de Representantes y del Senado, se inscribe en un contexto de presión fiscal elevada y retos de sostenibilidad de las cuentas públicas.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que la aprobación representa un “paso clave para la estabilidad fiscal”, aunque advirtió que aún falta la ley de financiamiento que deberá recaudar alrededor de $16 billones de pesos para cubrir el hueco presupuestal.
Principales destinos del gasto y condicionamientos
Dentro del presupuesto aprobado, se destaca que una parte significativa de los recursos estará destinada a la atención de la deuda pública, mientras que los sectores de educación, salud, infraestructura y programas sociales recibirán asignaciones relevantes.
Por ejemplo, el anteproyecto inicial preveía un monto de $115,2 billones para el servicio de la deuda, lo que revela el peso fiscal que enfrenta el país.
Además, se eliminó un conjunto de artículos polémicos relacionados con vigencias futuras y créditos de infraestructura, lo que ayudó a desbloquear la votación favorable en las comisiones.
El Gobierno también se comprometió a mantener sin aumento los impuestos a la gasolina y la cerveza, como parte de un acuerdo político para obtener apoyo en el Congreso.
Riesgos, próximos pasos y escenario abierto
Aunque la aprobación del presupuesto fue interpretada como una victoria legislativa del gobierno de Gustavo Petro, el riesgo de desfinanciamiento permanece latente. La ley de financiamiento que deberá recaudar los $16 billones todavía está en discusión y requiere consenso político.
Otro escenario clave es que, si no se logra la reforma tributaria, el presupuesto aprobado podría quedar comprometido en su ejecución y generar recortes en inversión pública o afectación de programas sociales. El equipo económico ha señalado que se activará la “cláusula de escape” de la regla fiscal en caso necesario.
En suma, mientras el PGN para 2026 ya cuenta con aprobación técnica, su implementación dependerá de la capacidad del Ejecutivo de avanzar en la reforma tributaria, asegurar los recursos ofertados y ejecutar los sectores prioritarios sin generar desequilibrios macroeconómicos.
