La sentencia revierte la condena de 12 años por soborno y fraude procesal; mientras el Centro Democrático celebra, sectores del Pacto Histórico y víctimas anuncian acción ante la Corte Suprema
Absolución y argumentos del fallo
El 21 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá notificó la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, revocando la condena de 12 años aplicada en primera instancia.
Los magistrados argumentaron que la evidencia sobre la manipulación de testigos presentaba deficiencias estructurales, vacíos metodológicos y contradicciones en los testimonios clave, con especial cuestionamiento sobre la credibilidad del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. También fueron excluidas interceptaciones telefónicas consideradas obtenidas ilegalmente o sin cadena de custodia válida.
El tribunal consideró que no se probó la intención delictiva directa del exmandatario, y que algunos testimonios habían sido guiados por beneficios judiciales esperados.
La decisiva votación fue 2-1, lo que permite que el fallo sea objeto de recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, promovido por las partes afectadas en el proceso.
Reacciones de apoyos y críticas
Apoyos y celebración política
El Centro Democrático y congresistas aliados exaltaron la decisión como una victoria para la justicia. En redes sociales, Paloma Valencia declaró que “se ha hecho justicia” y felicitó al expresidente por limpiar su nombre.
El senador Efraín Cepeda celebró el fallo afirmando que refleja “solidez institucional” y reafirmó el aporte de Uribe al país.
Críticas, reservas y movilización por parte de la oposición
El presidente Gustavo Petro expresó su rechazo al fallo, señalando que con esta absolución se está “tapando la historia de la gobernanza paramilitar” y criticó que la decisión contradijera la jurisprudencia de la Corte Suprema.
La senadora María José Pizarro indicó que respetan las decisiones judiciales, pero que Uribe “estará condenado ante la historia”, y anunció que las víctimas acudirán a casación.
El abogado Miguel Ángel del Río, representante de víctimas, aseguró que “esta batalla no ha terminado” y confirmó que interpondrán recurso de casación ante la Corte Suprema.
La precandidata Carolina Corcho manifestó desacuerdo con la absolución, pero defendió el respeto a la justicia; recordó que Uribe aún enfrenta procesos en la Corte por crímenes de lesa humanidad.
Implicaciones institucionales y escenarios judiciales
La absolución en segunda instancia representa un punto de inflexión en el prolongado Caso Uribe, que ya dura más de 13 años.
La decisión genera incertidumbre en el equilibrio de poderes: mientras algunos la interpretan como reafirmación del Estado de derecho, otros la ven como una reversión del avance judicial contra poderes políticos destacados.
Con el fallo en firme, Uribe podría restablecer su capacidad política y considerar aspiraciones futuras, incluida su posible reelección al Senado si las restricciones legales se levantan.
Sin embargo, al plantearse recurso de casación, este proceso aún no está concluido y podría prolongarse por meses, con nuevo litigio ante la Corte Suprema que tendrá que decidir sobre validez de pruebas, precedentes judiciales y aplicación de doctrina.
En el plano social, el fallo revive tensiones políticas polarizadas y reaviva el debate sobre verdad judicial, memoria, impunidad y el papel de los testigos en casos emblemáticos. Más allá del veredicto, el impacto simbólico y las repercusiones políticas perdurarán.
La absolución de Uribe deja un país expectante: las fuerzas políticas alineadas con él celebran una victoria; quienes lo cuestionaron ven un reto renovado para la justicia; y las instituciones tendrán que enfrentar la prueba de dialéctica, legitimidad y futuro del proceso penal.
