La ANDI presentó un informe ante la CIDH en el que acusa al Gobierno de Gustavo Petro de hostigamiento, estigmatización y agresiones sistemáticas contra el sector empresarial; el Ejecutivo rechazó los señalamientos y ambas partes anuncian nuevos capítulos en su confrontación institucional.
La denuncia de la ANDI y los argumentos presentados
El martes 4 de noviembre de 2025, la ANDI —dirigida por Bruce Mac Master— formalizó una queja ante la CIDH, solicitando que el Estado colombiano sea instado a pronunciarse y adoptar medidas inmediatas frente a lo que califica como un “patrón de hostigamiento, estigmatización y agresión” contra empresarios y dirigentes gremiales.
El informe detalla que desde comienzos de 2025 los miembros de la ANDI habrían sido víctimas de campañas de descrédito en redes sociales, daños a sedes gremiales, y presuntas actividades de vigilancia o presión institucional. El documento afirma que tales hechos comprometen la integridad personal, la honra y la libertad de asociación de los empresarios. En la misiva dirigida a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, se pide que estos hechos sean incluidos en los mecanismos de seguimiento internacional de derechos humanos.
La ANDI solicita al organismo que emita un pronunciamiento, que conmine al Estado colombiano a cesar las amenazas y promueva reparaciones, además de incorporar el caso en sus relatorías sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Reacción del Gobierno y contexto de la disputa
El presidente Petro respondió de manera enfática a través de su cuenta en X, calificando la denuncia como una maniobra del gremio para victimizarse y evadir responsabilidades laborales. “Haciéndose la víctima cuando lo que querían era hacer víctimas a los trabajadores con sobrejornadas y salarios de miseria”, escribió el mandatario. También instó a Mac Master a leer la Convención Americana de Derechos Humanos antes de recurrir a instancias internacionales.
Esta confrontación guarda antecedentes: en marzo de 2025 un fallo del Consejo de Estado de Colombia ordenó al presidente retractarse de un trino en que se refería al gremio como “esclavista” y parte de un intento de golpe blando, lo que sumó carga política al conflicto.
La denuncia de la ANDI ocurre en medio de una agenda económica cargada: propuestas de reforma tributaria, debates sobre condiciones laborales, y un ambiente empresarial en que el gremio dice sentirse bajo presión permanente por parte del Ejecutivo.
Repercusiones institucionales y lo que viene
La presentación ante la CIDH supone un escalón relevante en la disputa empresa-Estado: de un conflicto meramente nacional se traslada a una instancia internacional de derechos humanos, lo que añade visibilidad y potenciales medidas cautelares. Especialistas consultados señalan que, aunque la admisibilidad de la petición dependerá de la demostración del agotamiento de recursos internos o la existencia de un riesgo urgente, el marco expuesto por la ANDI plantea un desafío serio para el gobierno.
Para el sector empresarial, el caso abre interrogantes sobre el clima de inversión, la libertad de asociación y la protección de líderes gremiales. Para el Gobierno, la denuncia representa la necesidad de gestionar una narrativa política y jurídica que contenga esta disputa sin agravar la polarización. En el corto plazo, se espera que la CIDH decida sobre la admisibilidad de la petición, mientras que en Colombia el Gobierno y la ANDI podrían buscar un canal de diálogo o mecanismos de resolución para evitar que la relación se deteriore aún más. En definitiva, se trata de un punto de inflexión: la forma como jurídicamente se maneje este episodio podrá establecer precedentes sobre la relación entre el sector privado organizado y el poder público, y sobre el papel de las instancias internacionales en conflictos nacionales de carácter económico-social.
