En una ponencia de 83 páginas, Jorge Enrique Ibáñez sostiene que los defectos procedimentales no fueron subsanados y pide declarar la ley 2381 inconstitucional

Ponencia y argumentos de Ibáñez

El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, ha presentado una ponencia mediante la cual propone que la ley de reforma pensional sancionada en 2024 sea declarada inexequible. En el documento de 83 páginas sostenido como borrador, argumenta que la Cámara de Representantes no subsanó los vicios de trámite detectados por la Corte en el Auto 841, lo cual compromete la validez integral del proyecto.

Ibáñez destaca dos errores centrales: primero, la aprobación del orden del día con quórum deliberatorio en lugar de quórum decisorio, y segundo, la falta de debate del articulado del proyecto después de la proposición sustitutiva. Según su tesis, esos defectos no sólo persisten, sino que afectan la totalidad de la reforma, lo que impediría simplemente “rescatar artículos” sin lesionar la coherencia del conjunto.

Ibáñez advierte en su ponencia que, aunque el Legislativo trató de subsanar, lo hizo mediante una discusión parcial y sin cumplir con los mandatos expresos de la Corte para volver a debatir todo el articulado. En su planteamiento, ese cumplimiento parcial reproduce los vicios originales y viola garantías constitucionales de deliberación, representación y seguridad jurídica.

Reacción política y procedimiento en curso

La presentación de esta ponencia ocurre en un momento de máxima tensión política, pues la reforma pensional ha sido una de las banderas más señaladas del gobierno de Gustavo Petro. Sectores afines al Ejecutivo critican la postura de Ibáñez, aduciendo que una interpretación estricta podría generar una ruptura institucional o paralizar la legislación social.

Fuentes judiciales indican que la ponencia aún es un borrador que debe pasar por la Sala Plena de la Corte, donde otros magistrados podrán introducir ajustes o modificaciones. Hay expectativa sobre el resultado de esa deliberación, que definirá si la propuesta del ponente es aprobada o rechazada colectivamente.

En paralelo, la recusación presentada contra el magistrado Héctor Carvajal —quien en un momento fue abogado del presidente Petro— sigue adelante, lo que podría afectar la conformación del quórum decisivo para el fallo final.

Riesgos institucionales y escenarios posibles

Si la Sala Plena acoge la ponencia de Ibáñez y declara la reforma inexequible, el gobierno estaría obligado a volver a presentar el proyecto desde cero ante el Congreso, dado que no dejaría margen para una simple corrección parcial. El tiempo para tramitar una nueva reforma sería reducido y el proyecto podría perder vigencia política.

Otro escenario es que la Corte modifique la ponencia, mantenga algunos artículos y anule otros. Esta decisión intermedia implicaría un reequilibrio técnico y político que podría favorecer un acuerdo legislativo.

Finalmente, si la Sala rechaza la ponencia y mantiene la constitucionalidad, la reforma podría seguir su curso regulatorio hacia implementación, con la legalidad reforzada frente a críticas políticas.

Lo cierto es que con esta iniciativa del magistrado Ibáñez se abre una fase decisiva para la reforma pensional: lo que hoy es un borrador crítico puede convertirse en sentencia definitiva. La Corte y el Congreso tienen ante sí la responsabilidad de decidir si esta normativa estructural sigue viva o sucumbe.