En Buriticá, Antioquia, la Fuerza Pública desmanteló infraestructura minera ilegal valorada en cerca de tres billones de pesos al año; los túneles serán titulados a cooperativas tradicionales como parte de la estrategia de formalización.
El operativo y sus hallazgos
En una operación conjunta desarrollada recientemente en el municipio de Buriticá, Antioquia, se incautaron 14 inmuebles con túneles empleados por el Clan del Golfo para la extracción ilegal de oro. Este hallazgo fue confirmado por el presidente Gustavo Petro.
Según los informes del Estado, estos túneles representaban una actividad ilícita cuyo valor anual se estima en alrededor de tres billones de pesos. Se afirma además que las ganancias de esa minería ilegal eran usadas por la estructura criminal para financiar armas y mantener su operatividad en la zona.
El operativo movilizó a 140 soldados de la Séptima Brigada del Ejército Nacional y 120 uniformados de la Policía Nacional. Participaron también drones de reconocimiento, posiciones artilladas y coordinación entre diversas autoridades.
Consecuencias institucionales y proyecto de formalización
El presidente Petro calificó la acción como el “golpe más grande de la historia contra la minería ilegal” en Colombia. Indicó que los inmuebles y túneles incautados serán titulado a cooperativas de pequeños mineros tradicionales de Buriticá, como parte de una estrategia para reemplazar la minería ilegal por una minería legal y sostenible.
Además, se anunció que el Estado comprará el oro producido por estas cooperativas “unos pesos por debajo del precio internacional”, destinando parte de los ingresos como regalías para los municipios mineros. Esto con el fin de asegurar que la nueva actividad legal tenga un beneficio social tangible.
Se trata también de reforzar la presencia estatal en la región, mejorando servicios públicos: salud, llegada de la Nueva EPS, modernización del hospital local y la extensión de la educación superior, incluyendo una universidad pública con vocación minera.
Riesgos, retos operativos y mirada al futuro
Aunque el operativo representa un avance significativo, enfrenta retos operativos importantes. Primero, lograr que las cooperativas operen bajo estándares ambientales y de seguridad, sin caer en prácticas que puedan replicar daños del pasado.
Otro riesgo se refiere al control y vigilancia continua. La minería ilegal suele retomarse rápidamente si no hay presencia institucional sostenida, tanto policial como regulatoria. También se deben asegurar los pagos justos, las regalías y la legalidad tributaria para evitar incumplimientos.
En términos legales y administrativos, el reto es completar la titulación de pequeños mineros con eficiencia. La Agencia Nacional de Minería tiene que garantizar procesos rápidos, claros y respetuosos de los derechos territoriales y la tradición minera local.
Finalmente, este golpe al Clan del Golfo sirve como prueba de que el Estado está dispuesto a debilitar financieramente a organizaciones armadas a través de las economías ilícitas. Sin embargo, la sostenibilidad del resultado dependerá de las medidas posteriores: la formalización, la infraestructura social y la garantía de que las comunidades vean beneficios reales.
En síntesis, el operativo en Buriticá tiene el potencial de convertirse en un punto de inflexión en la lucha contra la minería ilegal en Colombia, siempre que vaya acompañado de política pública efectiva y vigilancia institucional permanente.
