La Comisión de Regulación de Comunicaciones emitió nuevas directrices sobre la transmisión de mensajes institucionales del Presidente. En paralelo, se conoció un pedido a las editoras de noticias para detallar la composición de sus consejos editoriales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la autonomía periodística en Colombia.
Regulación de las alocuciones presidenciales
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió en octubre de 2025 una serie de lineamientos destinados a estandarizar las alocuciones presidenciales, tanto en medios públicos como privados. Según el documento, el objetivo es garantizar un uso proporcional, informativo y no proselitista del espacio televisivo y radial, asegurando que las intervenciones del Ejecutivo se limiten a asuntos de interés general y no a fines políticos.
La medida surge tras varios debates sobre el uso de las cadenas nacionales durante la actual administración, particularmente en momentos de coyuntura política y social. De acuerdo con la CRC, los criterios apuntan a “preservar la neutralidad informativa de los medios” y a “evitar interferencias indebidas en la programación regular”.
En un comunicado, la entidad enfatizó que la regulación no restringe la libertad de expresión presidencial, sino que busca “armonizar el derecho a la información con el deber de pluralidad en los medios”.
El pedido a las editoras y las dudas del gremio periodístico
Simultáneamente, diversos medios confirmaron haber recibido un requerimiento informal del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solicitando datos sobre la composición de los consejos editoriales de las principales redacciones del país.
Aunque el Ministerio no ha emitido un pronunciamiento oficial, la solicitud ha sido interpretada por sectores del periodismo como un posible intento de escrutinio sobre la línea editorial de los medios. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifestó su preocupación, señalando que “el pluralismo informativo no puede garantizarse mediante inspección política, sino a través del fortalecimiento institucional y la autorregulación”.
Posibles vínculos y reacciones del sector
Analistas del sector han advertido que ambos hechos —los lineamientos de la CRC y el pedido a las editoras— podrían formar parte de una misma estrategia de control informativo, aunque desde el Gobierno se ha negado cualquier relación directa.
En declaraciones a El Espectador, expertos en derecho de la comunicación indicaron que “la coincidencia temporal genera legítimas inquietudes sobre la intención real de las medidas”.
Por su parte, varios medios han recordado casos similares de tensiones entre el Ejecutivo y la prensa en otros países de la región, enfatizando la necesidad de garantizar una prensa libre e independiente como pilar de la democracia.
