Boluarte es apartada del poder tras un voto unánime en el legislativo; José Jerí asume como presidente interino en medio de críticas por crisis de seguridad y corrupción.

Orígenes y motivos de la vacancia

El 10 de octubre de 2025, el Congreso de Perú aprobó la destitución de la presidenta Dina Boluarte, tras una votación abrumadora de 124 a 0 que declaró la vacancia por “incapacidad moral permanente”. La medida se apoyó en múltiples factores acumulados: un índice de homicidios récord —más de 6.000 muertes entre enero y agosto— un aumento notable de crímenes violentos y extorsiones, así como denuncias de enriquecimiento ilícito y ostentación personal incompatible con su salario.

Entre los eventos desencadenantes, un tiroteo en un concierto en Lima que dejó varios heridos fue interpretado como la gota que colmó la paciencia social y parlamentaria. La presidencia de Boluarte, que había asumido en diciembre de 2022 tras la vacancia de Pedro Castillo, se caracterizó por alta impopularidad (créditos de aprobación entre 2 % y 4 %), ataques constantes al tejido institucional y una ausencia de control efectivo sobre la ola de violencia.

Este era el cuarto intento formal de vacancia que se interponía contra ella, y esta vez contó con amplio respaldo no solo de partidos opositores, sino también de fuerzas que hasta la fecha habían sido aliadas, como el bloque mayoritario Fuerza Popular y Renovación Popular.

Relevo y consecuencias nacionales inmediatas

Tras la vacancia, José Jerí, presidente del Congreso, juró como presidente interino el mismo día. Jerí, un abogado de 38 años, asume la presidencia con la misión de conducir el país hasta las próximas elecciones generales programadas para abril de 2026. Su llegada marca un nuevo capítulo en la crisis institucional de Perú, que suma ya seis mandatarios desde 2018.

El abrupto cambio de mando reactiva la incertidumbre política. Jerí debe enfrentar un país con una seguridad resquebrajada, instituciones debilitadas y una ciudadanía fatigada por la desconfianza. Los retos inmediatos incluyen retomar el control del orden público, reabrir canales de diálogo institucional, y preparar una transición electoral transparente.

En lo legislativo, el quiebre puede incentivar reformas constitucionales sobre la vacancia presidencial y combatir el uso político de la figura de la “incapacidad moral”. A las puertas del 2026, el nuevo gobierno interino está obligado a recuperar legítimo espacio ante los organismos internacionales y demostrar que no será un mero gobierno de transición sin rumbo.

Implicaciones regionales: Latinoamérica en espejo

La destitución de Boluarte resuena más allá de Perú. En América Latina, donde la estabilidad política es frágil en muchos países, este episodio puede generar precedentes de rendición de cuentas, pero también advertencias sobre los riesgos de la politización institucional. Gobiernos débiles o polarizados podrían enfrentar demandas similares si no logran contener la inseguridad o la corrupción.

Asimismo, la crisis peruana podría afectar la percepción de inversión extranjera y cooperación regional. Socios latinoamericanos observan con cautela: el rompimiento institucional podría afectar alianzas políticas o proyectos binacionales. Y para los países vecinos con gobiernos inciertos, el caso de Perú se convierte en espejo de advertencia.

Finalmente, la rápida sucesión de gobiernos en Perú —y la incapacidad de completar mandatos largos— pone en relieve las deficiencias estructurales de sus procesos políticos. Latinoamérica, que ha transitado desde tiempos de autoritarismo hacia democracias jóvenes y frágiles, puede tomar esta lección como urgencia para reforzar instituciones, fomentar consenso y evitar que la crisis institucional se vuelva rutina.