El organismo electoral confirmó que la consulta presidencial del 26 de octubre se llevará a cabo entre Cepeda, Corcho y Quintero, pese a los obstáculos legales que enfrentó el proceso.
Obstáculos previos al anuncio de la Registraduría
Desde su concepción, la consulta interna del Pacto Histórico estuvo marcada por bloqueos institucionales y jurídicos. A mediados de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión parcial de los partidos del Pacto, pero dejó por fuera a Colombia Humana y a Progresistas, lo que generó cuestionamientos sobre la legitimidad del mecanismo.
Ante esa exclusión, los precandidatos Carolina Corcho y Gustavo Bolívar interpusieron recursos legales con el fin de habilitar sus candidaturas. Un tribunal ordenó la inscripción de todos los aspirantes, lo que pareció restablecer la posibilidad de consulta amplia.
Sin embargo, el 07 de octubre el Tribunal Superior de Bogotá anuló la tutela que permitía esas inscripciones, dejando sin efecto la medida cautelar y generando incertidumbre sobre la realización de la consulta.
Esa decisión judicial pareció poner en peligro la consulta programada para el 26 de octubre y fue interpretada por líderes del Pacto como un intento de impedir la unidad del progresismo frente a las próximas elecciones.
Decisión del 08 de octubre: la Registraduría confirma la consulta
El 08 de octubre de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un pronunciamiento clave: la consulta del Pacto Histórico sí se llevará a cabo en la fecha pactada, aunque bajo una modalidad modificada.
El registrador delegado, Jaime Hernando Suárez, aclaró que la consulta presidencial se celebrará entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, como resultado del aval formal otorgado por los partidos con personería jurídica, no como efecto de una medida judicial provisional.
Aunque reconoció que el fallo del Tribunal Superior generaba dudas legales, Suárez aseguró que no hay suspensión del proceso: “La consulta no se ha suspendido por ningún órgano judicial y, por esta razón, se debe avanzar en su organización logística”.
Esta decisión de la Registraduría despeja, en lo inmediato, la incertidumbre sobre el mecanismo de elección interna, aunque no elimina por completo los escenarios de impugnación o litigio posterior sobre su forma y condiciones.
Implicaciones políticas y desafíos de última hora
El anuncio de la Registraduría representa un respaldo institucional al Pacto Histórico en medio de su crisis jurídica. Permite mantener el cronograma electoral sin aplazamientos, fortaleciendo la narrativa de que el partido apuesta por la participación democrática.
No obstante, la modalidad “interpartidista” adoptada —es decir, que la consulta presidencial no se hará bajo una fusión partidaria plena, sino entre partidos con personería vigente— introduce condiciones distintas a las inicialmente previstas. Esto puede generar críticas sobre la representatividad del mecanismo.
Quedan interrogantes importantes: ¿El candidato que salga elegido podrá competir sin inconvenientes en la consulta del frente amplio en marzo de 2026? ¿Cuántos recursos legales adicionales se levantarán para impugnar esta versión de la consulta? Algunos análisis señalan que la norma estatutaria 1475 podría complicar la doble competencia de candidatos si las fases electorales interfieren entre sí.
En síntesis, tras días de turbulencia jurídica y política, la última decisión de la Registraduría restituye, al menos formalmente, la realización de la consulta del Pacto Histórico para el 26 de octubre. Pero el camino hacia su cumplimiento no será lineal: la coalición enfrenta ahora el desafío de ejecutar el proceso con transparencia, legalidad y unidad, bajo la presión del reloj electoral y de quienes han intentado obstaculizarlo.
