Proyecciones estiman incrementos entre 9,5 % y 12,4 %, lo que ubicaría el mínimo cerca de $1’600.000; ese salto plantea dilemas sobre inflación, empleo y gobernabilidad.
Las proyecciones oficiales y la hoja de ruta
El salario mínimo vigente en Colombia para 2025 es de $1.423.500. Diversas estimaciones anticipan que el incremento para 2026 superará la inflación proyectada (cercana al 5 %) y se acercará a un ajuste real elevado. Un estudio del Banco de Bogotá pronostica que el salario podría llegar a $1.600.000, lo que implicaría un aumento nominal de 12,4 % y un crecimiento real cercano al 7 %.
Otra alternativa manejada públicamente por el gobierno y gremios es un alza del 11 %, que llevaría el mínimo a $1.580.085. Algunos informes más moderados contemplan un aumento del 9,5 %, que posicionaría el salario en $1.558.773 y compatibilizaría con una inflación estimada de 4,1 %.
Desde el gobierno se ha manifestado intención de que el ajuste sea “elevado” y real, impulsado por su mandato final. Mientras tanto, el proceso de concertación ya avanza entre trabajadores, empresarios y Estado en la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales.
Efectos esperados: inflación, empleo y sector empresarial
Un aumento del salario mínimo ejerce presión sobre costos laborales y puede repercutir a través de la cadena de producción hacia precios de bienes y servicios. Bajo un ajuste del 12,4 %, estimaciones del Banco de Bogotá sugieren que la inflación podría ubicarse en 4,7 %, superando el rango meta (2 %-4 %) del Banco de la República. Por el contrario, un ajuste de 9,5 % se proyecta compatible con una inflación cercana a 4,1 %.
Una subida agresiva también eleva los costos para empresas, en especial las PYMEs, que podrían enfrentar presión sobre su rentabilidad y su capacidad de contratación. Representantes gremiales han advertido que un aumento elevado podría excluir del mercado laboral formal a los trabajadores más vulnerables.
En un escenario extremo, el desempleo o la informalidad podrían aumentar si las empresas optan por reducir personal ante mayores costos. Por otro lado, para los trabajadores formales con ingresos bajos, un alza mayor significa una mejora en poder adquisitivo, al menos en el corto plazo.
Escenarios políticos y estrategias para moderar el impacto
El liderazgo político juega un papel decisivo. Si el Ejecutivo opta por un aumento vía decreto —como sugieren algunas filtraciones de Fenalco—, podría limitar el espacio de negociación en la concertación salarial.
Para moderar el impacto inflacionario, el gobierno podría adoptar medidas compensatorias: ajustes tributarios, subsidios focalizados, control de precios regulados y estímulos productivos para sectores sensibles.
Asimismo, será necesario coherencia con la política monetaria del Banco de la República: si las tasas de interés deben elevarse para contener inflación, el crédito se encarece, lo que puede debilitar el dinamismo económico.
Una alternativa prudente sería optar por el escenario intermedio (9,5 % a 11 %), que combine beneficio real para los trabajadores sin desbordar las restricciones de la inflación o el empleo. Pero el margen para errores es estrecho.
En definitiva, el salario mínimo 2026 se proyecta como un punto de inflexión en la política social, económica y política del país. La forma en que se decida determinará no solo el bienestar de los trabajadores, sino la credibilidad del gobierno en su recta final de mandato.
