El precandidato presidencial Mauricio Lizcano recibió un mensaje anónimo en su sede de campaña dirigido al excongresista Óscar Tulio Lizcano; la reacción estatal ha sido discreta y el episodio añade tensión al clima electoral 2026.

Las amenazas: un mensaje directo y simbólico

El 6 de octubre de 2025, en la sede de campaña del precandidato Mauricio Lizcano en Manizales (Caldas), fue entregado un arreglo floral con una inscripción alusiva al fallecimiento: “Descanse en paz, Óscar Tulio Lizcano”, nombre de su padre, excongresista y víctima histórica de secuestro por las FARC. La nota fue interpretada por Lizcano como una amenaza velada contra la integridad de su familia.

Lizcano denunció públicamente el hecho y remarcó que el acto “revictimiza” verbalmente a su padre, quien ya sufrió privaciones extremas durante su secuestro. Afirmó que su familia quedó expuesta por la ausencia de un esquema de protección sólido.

El precandidato aseguró que intentó contactar al Gobierno, al Ministerio del Interior, Defensa y al director general de la Policía sin obtener respuesta directa. En su versión, las autoridades le indicaron que debía formalizar la denuncia mediante carta.

Respuesta estatal y reacciones institucionales

Frente a la denuncia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía (Dipros / Dipro) informaron que recibieron la queja y que se ha iniciado una valoración del riesgo. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos refuerzos o esquemas especiales confirmados.

La Misión de Observación Electoral (MOE) en Caldas solicitó celeridad en la investigación y pidió que el caso no quede en un simple anuncio mediático, sino que se traduzca en acciones concretas de protección y justicia.

El silencio gubernamental ha sido criticado por Lizcano y algunos sectores políticos. El exministro calificó la reacción como “indolente” y denunció que la campaña política se ve ya afectada por el miedo y la intimidación.

Implicaciones para el contexto electoral 2026

La amenaza contra un familiar de un aspirante presidencial tiene múltiples efectos simbólicos y prácticos. En primer lugar, plantea un serio desafío a la garantía de seguridad política para los contendores en la campaña que se inicia formalmente. Si los candidatos o sus allegados pueden ser objetivos de intimidación, el juego democrático se enfría.

Será determinante la respuesta estatal: si no se despliegan medidas creíbles de protección, podría incrementarse la sensación de impunidad y debilitar la confianza ciudadana en la imparcialidad de mecanismos electorales. Además, episodios de este tipo pueden disuadir la participación política o fortalecer discursos que promueven el autoritarismo como vía de control.

Para Lizcano, el incidente refuerza su discurso de crisis institucional, al evidenciar que incluso sus adversarios pueden recurrir a tácticas intimidantes. Si logra capitalizar el episodio con credibilidad, podría movilizar simpatías opositoras. Pero si no ve respuesta seria del aparato de Estado, la contienda puede quedar marcada por el miedo más que por las propuestas.

En resumen, las amenazas recibidas por Lizcano y el manejo estatal del caso serán vistos como un barómetro temprano del grado de tolerancia que Colombia estará dispuesta a tener hacia la intimidación política en el 2026.