Un juzgado de Medellín compulsó copias para que la Fiscalía investigue al expresidente y a su hermano por homicidios ocurridos en 1998; Uribe tilda la decisión de “compulsa miserable” y rechaza los cargos.

La nueva acusación: investigaciones por crímenes de 1998

El 6 de octubre de 2025, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, bajo mando de la jueza Claudia Castro, ordenó compulsar copias para que la Fiscalía investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago Uribe Vélez y al general (r) Carlos Alberto Ospina, por su presunta participación como determinadores en los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y Eduardo Umaña Mendoza, cometidos en 1998.

La decisión se fundamenta en testimonios antiguos, reconocidos en procesos paralelos, que aluden a una reunión en la finca “La Marranera” en 1997, en la que se habría planeado la eliminación de vocales incómodos del activismo social, incluyendo a los abogados Valle y Umaña.

Este movimiento judicial coincide con la condena previa contra Uribe (28 de julio de 2025) por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en la que se le impuso 12 años de prisión domiciliaria como primera instancia.

La jueza Castro considera que los hechos ahora señalados podrían significar una estructura organizada con capacidad de planeación, ejecución y adoctrinamiento, integrada por actores estatales y operadores ideológicos que habrían “ordenado silenciar” a Valle, Umaña y otros críticos con la violencia estatal.

2. La respuesta airada de Uribe y su defensa

Uribe reaccionó de inmediato a través de su cuenta oficial de X, calificando la medida como “una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”.

Según él, el testimonio que sustenta la decisión ya fue investigado en procesos anteriores y no encontró respaldo probatorio sólido. Uribe sostiene que los señalamientos son parte de una estrategia política para desprestigiarlo.

Afirma además que desde su condena por soborno y fraude procesal, sigue respetando el Estado de derecho y que continuará ejerciendo sus derechos de defensa y apelación.

La orden de investigar coincide con el contexto político en que Uribe ha retomado influencia activa en la campaña de la derecha rumbo a 2026, lo cual podría intensificar tensiones entre sus detractores y sus seguidores.

3. Implicaciones jurídicas, políticas y simbólicas

Este nuevo paso legal añade un nivel de presión adicional sobre la figura de Uribe, ya golpeado por su condena anterior. La investigación por crímenes de derechos humanos podría implicar una revisión profunda del papel del Estado en las relaciones con grupos paramilitares durante los años noventa.

Políticamente, la medida puede polarizar el debate entre quienes interpretan los procesos como justicia tardía y quienes los ven como herramientas de persecución política. Uribe cuenta con una base de apoyo robusta que cuestiona sistemáticamente las decisiones judiciales en su contra.

Juridicamente, corresponderá ahora a la Fiscalía determinar si los hechos denunciados reúnen méritos para abrir investigación formal, recabar pruebas nuevas y llevar el caso a juicio. Si se avanza, podríamos ver un choque entre el derecho a la defensa, los principios de presunción de inocencia y el interés público en esclarecimientos sobre violaciones históricas.

En lo simbólico, este episodio marca que Colombia todavía lidia con heridas del pasado, en las cuales figuras del poder siguen bajo escrutinio por decisiones tomadas hace décadas. Ahora el país observa si el sistema judicial tiene la fortaleza para avanzar con imparcialidad.