El Tribunal Superior de Bogotá ordenó el 18 de diciembre de 2025 la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en el marco de la investigación por corrupción en la UNGRD.
Decisión judicial sobre la medida de aseguramiento
El 18 de diciembre de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla González, quien estuvo al frente del Ministerio de Hacienda, y Luis Fernando Velasco Chávez, exministro del Interior. La medida fue adoptada como parte del proceso penal que se les sigue por su presunta participación en irregularidades relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
La magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, encargada del caso en el Tribunal, negó la posibilidad de conceder detención domiciliaria y determinó que la permanencia en centro carcelario era “idónea y necesaria” para los fines del proceso penal.
La decisión de la Sala Penal no constituye una sentencia condenatoria, sino una medida cautelar dentro del proceso que se adelanta contra ambos exministros.
Imputaciones y cargos en el proceso penal
Antes de la orden de prisión, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Bonilla y Velasco en el marco del caso de la UNGRD. La imputación fue hecha por la fiscal María Cristina Patiño, quien señaló a ambos exfuncionarios de formar parte de un entramado de presuntas irregularidades en el manejo de recursos y la celebración de contratos vinculados con la UNGRD e Invías.
Entre los delitos imputados figuran concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, según los documentos presentados durante la audiencia. Ninguno de los exministros aceptó los cargos ante el tribunal.
La Fiscalía ha sostenido en la acusación que Bonilla y Velasco habrían liderado un acuerdo para direccionar dineros públicos y contratos en favor de allegados a congresistas, con el objetivo de asegurar mayorías favorables para proyectos de ley del Gobierno Nacional.
Este proceso forma parte de una investigación más amplia sobre la gestión de recursos públicos dentro del Gobierno anterior, en la que han sido señaladas diversas irregularidades asociadas a contratos y convenios relacionados con la gestión del riesgo y obras viales.
Contexto procesal y pasos posteriores
La medida de envío a prisión implica que Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra. El Tribunal Superior de Bogotá tomó esta determinación tras evaluar las solicitudes presentadas por la Fiscalía y la Procuraduría, que inicialmente habían solicitado detención domiciliaria. Esa solicitud fue rechazada por la magistrada al considerar que no se cumplían los requisitos legales para esa alternativa.
Representantes legales de ambos exministros anunciaron que presentarán recursos de apelación contra la decisión de medida de aseguramiento, conforme a los mecanismos previstos en el marco procesal penal colombiano. La orden de prisión es parte del desarrollo de un proceso judicial en curso que incluye etapa de investigación formal, imputación de cargos y audiencias de control de garantías. El Tribunal continuará con la calendarización de las diligencias procesales de acuerdo con la normativa vigente y las solicitudes de las partes involucradas.
