La recompensa anunciada por el programa Rewards for Justice se dirige a los miembros del Estado Mayor Central (EMC), frente 36, al mando del alias Calarcá Córdoba, que el pasado 21 de agosto provocaron la muerte de 13 agentes de la Policía Nacional de Colombia y la destrucción de la aeronave; el Gobierno de Colombia y la Embajada de EE.UU. en Bogotá llaman a colaboración ciudadana.
Hechos del ataque y responsabilidades atribuidas
El 21 de agosto de 2025, en la zona del Bajo Cauca antioqueño, una aeronave tipo UH-60 Black Hawk, rotulada como «U.S. government-titled helicopter», fue alcanzada por un artefacto explosivo improvisado (IED) mientras apoyaba una operación de erradicación de hoja de coca. El ataque terminó con la muerte de 13 agentes de la Policía Nacional de Colombia y heridas a otros cuatro, además de la destrucción casi total de la aeronave. Según el aviso del programa Rewards for Justice, el frente 36 del EMC, liderado por Calarcá Córdoba, habría asumido la responsabilidad del bombardeo.
En su comunicado, la Embajada de los EE.UU. en Bogotá afirmó que la acción constituye un acto terrorista vinculado al narcotráfico y a una organización que opera fuera del marco de paz formal, lo que habilita el ofrecimiento de recompensa hasta por 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los responsables.
Este acontecimiento generó una fuerte repercusión tanto a nivel nacional como internacional, pues al involucrar a una aeronave gubernamental de EE.UU. se activaron protocolos diplomáticos especiales, complicando la operación de los grupos armados y obligando a la cooperación binacional en materia de inteligencia, judicialización y recompensas.
La recompensa, los mecanismos y el llamado a la ciudadanía
El programa Rewards for Justice del Departamento de Estado de los EE.UU. detalla que la oferta llega hasta 5 millones de dólares para quien proporcione información fidedigna que permita arrestar o condenar a los responsables del ataque de Amalfi. El aviso especifica los canales de reporte: Signal, Telegram, WhatsApp y una línea anónima, señalando que la información puede presentarse en múltiples idiomas y que la colaboración puede ofrecer reubicación y protección adicional.
La Embajada de EE.UU. en Bogotá también difundió, vía publicación en su cuenta oficial en X, el llamado a quienes tengan información relevante sobre el hecho, incluyendo nombres, ubicaciones, vídeos o audios, con la promesa de que cada pista será valorada y podría desencadenar recompensa.
Para Colombia esta medida tiene un doble efecto: fortalece la cooperación internacional en la lucha contra organizaciones armadas disidentes y refuerza el mensaje de que la impunidad frente a crímenes de tal magnitud no será tolerada. Las autoridades nacionales han señalado que colaborarán con los investigadores norteamericanos, ofrecerán garantías a los informantes nacionales y reforzarán la seguridad en la zona para evitar represalias.
Implicaciones institucionales y desafíos operativos
La oferta de recompensa de EE.UU. plantea varias implicaciones institucionales para Colombia. En el plano jurídico, se abre la posibilidad de extradiciones, de activación de órdenes de arresto internacionales y de fortalecimiento de los eslabones de cooperación entre la Fiscalía General de la Nación y autoridades de Estados Unidos. Además, configura un precedente para la criminalización de ataques contra activos de cooperación binacional.
En el plano operativo, la medida trae consigo el desafío de garantizar que la información que llegue sea confiable, se gestione de modo seguro y resulte en acciones judiciales efectivas sin comprometer la seguridad de los informantes. Por otra parte, la zona del Bajo Cauca, caracterizada por su orografía compleja, presencia armada y economías ilícitas consolidadas, exige un despliegue robusto de inteligencia, presencia estatal y protección a la población civil. Finalmente, en el marco político-estratégico, la recompensa refuerza la narrativa del Estado colombiano de asumir liderazgos en la erradicación del narcotráfico y en la persecución de crímenes atribuidos a disidencias de las antiguas FARC. También demanda un esfuerzo interno para asegurar que los informantes nacionales no queden expuestos a riesgos y que la justicia sea visible, predecible y legítima.
