Un borrador de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo plantea elevar los gravámenes para vehículos de combustión importados hasta el 40 % y motos hasta el 35 %, como parte de una estrategia de reindustrialización y transición energética.
Detalles de la propuesta y motivación oficial
El pasado 7 de noviembre de 2025, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó un borrador de decreto que propone un arancel de hasta 40 % para la importación de automóviles de pasajeros impulsados por gasolina o diésel, clasificados en la partida arancelaria 8703. Para las motocicletas con motor de combustión (partida 8711), el documento plantea un arancel de hasta 35 %.
La medida se justifica bajo la política de reindustrialización del Gobierno, argumentando la necesidad de reducción de dependencia de combustibles fósiles, promoción de tecnologías limpias y fortalecimiento de la industria nacional automotriz.
Además, el decreto aclararía que los vehículos importados desde países con Tratados de Libre Comercio (TLC) mantendrían sus tarifas preferenciales, quedando el aumento dirigido a importaciones de naciones sin TLC. Se espera que la normativa entre en vigor entre 15 y 90 días después de su publicación oficial.
Posibles efectos en consumidores, industria y comercio exterior
La propuesta ya está generando reacciones intensas en los distintos actores del sector automotor. Los consumidores podrían enfrentar un incremento notable en los precios de vehículos importados de combustión, lo cual podría impactar especialmente a quienes recurrieron a oferta extranjera para acceder a menor precio o tecnologías no disponibles localmente. Las motos, frecuentemente utilizadas para transporte y trabajo, también se verían afectadas por el alza hasta del 35 %.
Para la industria nacional de ensamblaje y autopartes, la medida representa una oportunidad de incrementar producción local, atraer inversión y reactivar el sector en línea con la agenda de transición energética. Sin embargo, algunos gremios advierten que la medida podría resultar “improvisada y equivocada” si no va acompañada de incentivos sólidos y desarrollo de capacidades productivas.
En el frente del comercio exterior, los cambios arancelarios podrían generar distorsiones comerciales, sobre todo con países asiáticos o sin TLC que exportan vehículos y motos al país. La divergencia arancelaria podría afectar importadores, distribuidores y generar presiones de competitividad en el mercado colombiano.
Además, la medida coincide con un momento de crecimiento del mercado automotor nacional, lo que plantea un reto adicional: coordinar el aumento arancelario sin frenar la dinámica de ventas.
Implicaciones institucionales y próximos pasos
Desde el punto de vista institucional, el borrador de decreto abre un periodo de comentarios públicos y revisión técnica, lo que significa que los importadores, gremios y cámaras del sector tienen la oportunidad de presentar observaciones antes de que la norma entre en vigencia. Este mecanismo es clave para legitimar la medida y ajustar detalles antes de la aplicación.
El Gobierno tendrá que hacer seguimiento a tres frentes: el impacto sobre precios al consumidor, la respuesta de la industria local y el cumplimiento de los objetivos de transición energética. La normativa funcionará como una prueba de cómo equilibrar política industrial, comercial y ambiental en una economía cada vez más interconectada.
Para la ciudadanía, será importante vigilar que el aumento de aranceles no derive en reducción de oferta, desplazamiento al mercado informal o aumento del costo de movilidad, asuntos que podrían afectar el bolsillo y el acceso a transporte. En resumen, la medida proyecta una reforma estructural significativa para el mercado automotor colombiano. Su implementación requerirá coordinación entre el Ejecutivo, los importadores, los gremios y los consumidores, y su éxito dependerá de que los objetivos declarados —protección ambiental, dinamización industrial y equidad— se traduzcan en resultados concretos y sostenibles.
